La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la Ley de Usurpaciones, el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija penas más altas a quienes lo cometan y propone mecanismos de restitución.
La norma que ya fue aprobada en el Senado busca modificar las sanciones del delito de usurpación de propiedades y modifica el Código Penal para castigar con penas de cárcel el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.
Entre sus principales objetivos está el sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia del delito. Asimismo, permite, tanto durante la investigación como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado. Adicionalmente, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.
La misma norma castiga con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente.
La norma aclara que no serán aplicables estas reglas sobre detención y flagrancia respecto de quienes habitan en campamentos catastrados hasta el año 2022.
Desde el Ejecutivo no han respaldado el proyecto y acusan que una norma permite “la justicia por mano propia”, y aunque desde la oposición respaldaron la medida, reconocen que puede hacérsele mejoras al proyecto.
