En julio de 2016 la Presidenta Michelle Bachelet creó una Comisión Asesora Presidencial para tratar los conflictos que se viven en la Región de la Araucanía.
Dicha comisión -presidida por el Monseñor Héctor Vargas Bastidas, Obispo de la Diócesis San José de Temuco e integrada por representantes de la comunidad indígena, del sector privado y de la iglesia-estudió durante seis meses tres grandes ámbitos donde se concentran la mayor parte de los desafíos: la deuda histórica con el Pueblo Mapuche, la situación de las víctimas de la violencia rural y los indicadores que posición a la región como la más pobre del país.
Este lunes - el mismo día en que el Ministro del Interior, Mario Fernández respondiera a la interpelación por tópicos de seguridad nacional, entre los que se incluye La Araucanía -la comisión hizo entrega del informe donde se trazan las líneas para comenzar el proceso de reparación de la región.
Sin embargo, antes de especificar cualquier medida, la comisión hace un llamado al Estado de Chile a “reconocer sus errores, pedir perdón, y poner en marcha políticas de corto, mediano y largo plazo para reparar a la región”, como primer paso para iniciar el proceso de reparación.
Luego de eso, se destacan 12 medidas “fundamentales” que “en el corto y mediano plazo permitirían dar señales claras del interés del Estado por asumir y hacerse cargo de las necesidades urgentes de La Araucanía y contribuir a la construcción de una región verdaderamente intercultural, en paz y que busque el desarrollo sostenible, integral de todos sus habitantes”.
La Presidenta, por su parte, recibió el informe y anunció que en marzo anunciará las propuestas que se implementarán.
Estas son las 12 medidas principales:
- La creación de la Ley Araucanía que contemple los aspectos planteados en este informe que sean materia de ley.
- Dictar una ley que crea un fondo de reparación a las víctimas de violencia en La Araucanía:
El fondo de reparación debiera ser agregado a la Ley de Presupuesto de la República de cada año en el ítem correspondiente a la Comisión de Reparación de Víctimas dependiente del Ministerio de Justicia. “Su finalidad sería reparar la totalidad de los perjuicios (lucro cesante, daño emergente y daño moral) de las víctimas” en un plazo de seis meses desde que ingresa la víctima al registro de la Comisión de Reparación de Víctimas. Además, la ley podría permitir luego al CDE demandar a los que cometieron los delitos para que “reembolsen al Estado lo que éste pagó a las víctimas. - La creación de una comisión de reparación de víctimas de la violencia en La Araucanía:
La comisión debiera depender del Ministerio de Justicia y actuaría en coordinación con la unidad de víctimas de la Fiscalía Regional de La Araucanía. “La comisión debería establecer los conceptos básicos, considerando indemnizaciones proporcionales por daños (lucro cesante y daño emergente) y daño moral, asistencia sicológica, beneficio de no pago de contribuciones en predios usurpados o que no pueden producir producto del conflicto, junto con fondos de arriendos y pensiones para los mismos”, señala el informe. - Dictar un nuevo reglamento que regule los mecanismos de compra de tierras del artículo 20 letra b) de la Ley Indígena.
- La creación de una comisión especial de tierras indígenas.
- Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas:
El informe señala que en las diversas instancias de diálogo se planteó la necesidad de reconocer en la Constitución Política de la República a los Pueblos Indígenas. “Mediante este reconocimiento, el Estado daría respuesta a una sentida demanda del pueblo mapuche, expresada en diversas instancias de diálogo realizadas en los últimos años”, señala la comisión. Y agrega que dicho acto, debiera contemplar un reconocimiento de “todos los pueblos indígenas que habitan nuestro país”. - Representación política especial de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional:
El texto indica que junto con el reconocimiento constitucional, se debiera otorgar a representantes de pueblos indígenas participación en el Congreso Nacional. Para ello, sugiere distintas formas de participación, como cuotas, escaños reservados, redistritajes o umbrales legislativos diferenciados. Y agrega que “si bien la implementación de esta medida genera desafíos e implica un esfuerzo adicional del Estado, las cifras actuales de participación política de los pueblos indígenas son claras, ya que siendo aproximadamente el 10% de la población nacional los indígenas tienen una representación parlamentaria inferior al 2% (2 diputados). - Impulsar de manera urgente el Ministerio de Pueblos Indígenas.
- Incorporar nuevos territorios de la Región de la Araucanía al programa de gestión territorial de zonas de rezago de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior: Se señala que para ello, se necesita generar un marco jurídico que posibilite la existencia de una Ley de Zonas de Rezagos, con “políticas públicas diferenciadas, flexibles, focalizadas, de mediano plazo (ejecución)” y con incentivo para la inversión y el desarrollo de iniciativas”, entre otras cosas.
- Impulsar Planes de Desarrollo integral en comunidades indígenas (habitabilidad, infraestructura, desarrollo, etc.), modificando y operativizando la Glosa 10, de ley de presupuesto de Gobiernos Regionales.
- La creación de una Agencia del Agua:
Esta tendría la tarea de "catastrar, planificar, controlar y proponer una estrategia de abordaje sistémico de uso y distribución de este recurso, que derive en una política regional de desarrollo de recursos hídricos y un Plan Estratégico Regional de Riego". - Generar un programa de fortalecimiento de organizaciones y emprendimientos mapuche (mejoramiento de gestión, productividad, emprendimientos asociativos) a través de un Centro de Negocios y Desarrollo Mapuche.
