Como un fallo "exitoso" y "contundente" se refirieron desde la fiscalía de Antofagasta y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a aquel que condenó a la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, por fraude al fisco en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social del municipio que dirigía.
Por los hechos, ocurridos entre octubre del 2015 y agosto del 2016, se le sentenció, a una pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo; inhabilitación de cinco años y un día para ejercer cargos públicos; inhabilitación para ejercer derechos políticos y al pago de una multa del 20% del perjuicio causado. Atendida la pena fijada, la ex edil deberá cumplir la condena en forma efectiva, sin poder optar a beneficios alternativos.
En tanto, la sentencia fija una pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo; inhabilitación de tres años y un día para ejercer cargos públicos y al pago de una multa del 10% del perjuicio causado para el ex Secretario Ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, Edgardo Vergara. Se le concedió el beneficio de libertad vigilada.
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El Presidente del CDE, Juan Peribonio, sostuvo que la sentencia "es clara y categórica, en defensa del patrimonio y la probidad pública, acorde con la gravedad del delito cometido en perjuicio de la Municipalidad de Antofagasta por quien fuera su máxima autoridad".
Peribonio agregó que "se trata de un fallo contundente, que da cuenta del trabajo desarrollado por el Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado como querellante en este caso desde los inicios de la indagatoria. Mediante la interposición de su querella criminal, a mediados de 2018, el Consejo de Defensa del Estado participó activamente, a través de su Procuraduría Fiscal en Antofagasta, en cada una de las instancias del proceso, adhiriendo luego a la acusación de la Fiscalía por compartir su convicción de la responsabilidad de los imputados en graves delitos de corrupción".
Respecto de la acción civil interpuesta por el CDE, el Tribunal condenó a ambos ex altos funcionarios a pagar solidariamente la suma de $ 7.795.685, más intereses y reajustes, suma adicional a las multas impuestas a cada uno.
