Va a ser el segundo ex ministro del gobierno de Piñera y el segundo ex candidato presidencial de la Alianza al que se le imputarán cargos por platas políticas en una semana.
Si el miércoles pasado el ex titular de Economía Pablo Longueira quedó con arresto domiciliario nocturno tras ser imputado por delitos tributarios y cohecho, este 29 de junio es el turno de Laurence Golborne: el ex ministro de Minería será formalizado como presunto facilitador de facturas falsas.
El de Golborne fue uno de los primeros nombres en salir al ruedo en el marco del caso Penta, empresa que financió hacia fines de 2012 asesorías de campaña para el entonces precandidato de la UDI.
En total Penta pagó $ 120 millones a Vox Comunicaciones, justificados con facturas por trabajos no realizados para el holding fundado por Carlos Délano y Carlos Lavín, pero que fueron a parar a la candidatura de Golborne.
Tras la explisión del caso Penta, ex ejecutivo de Cencosud fue de los primeros en colaborar con la Fiscalía, reconociendo que la triangulación de dineros fue para trabajos de su campaña y admitiendo faltas a la ley de financiamiento electoral, pues estos $ 120 millones no fueron declarados ante el Servel.
Con ello, eludió por un buen tiempo engrosar la ya larga lista de formalizados del caso Penta.
Pero eso, este miércoles, pasará a ser historia.
Fiscalía pide investigar a ocho empresas relacionadas a Laurence Golborne
$250 millones más…
Altas fuentes vinculadas al caso Penta aseguran que existe alta tensión hoy entre Laurence Golborne y el Ministerio Público.
Este martes el ex ministro fue a declarar ante el fiscal Carlos Gajardo. Y si bien se habló de que está negociando un juicio abreviado –salida alternativa a la que se acogió, por ejemplo, Jovino Novoa- y a que el propio Fiscal Nacional apuntó en esta línea, al interior del ente persecutor descartan que ese acuerdo sea inminente.
Por el contrario.
Cercanos a la investigación aseguran que, ante Gajardo, Golborne optó por hacer uso de su derecho a guardar silencio. No solo porque según estas fuentes no está dispuesto a reconocer los hechos que le imputa la Fiscalía, sino porque sabe que el persecutor indaga también otra serie de pagos políticos vinculados al ex precandidato de la UDI.
A los $ 120 millones aportados por Penta, se suman casi $260 millones que el ex ministro obtuvo de diferentes empresas y que siguieron el mismo modus operandi: Golborne conseguía el financiamiento y las firmas recibían boletas o facturas por trabajos no realizados.
Ripley, BCI, Inversiones Caburga, CAP S.A., Watts, Inmobiliaria Ecomac, Inversiones Paso Nevado, Inversiones Longovilo e Inversiones Santa Virginia están en la mira de Carlos Gajardo.
Según consta en una querella presentada el 6 de mayo por el SII, Vox Comunicación Estratégica emitió seis facturas falsas, “las que fueron facilitadas luego por Laurence Golborne” al BCI. Estos documentos tributarios dan cuenta de servicios que no fueron prestados al banco “sino que al querellado (…) con ocasión de su campaña presidencial”. A Vox, el BCI pagó en total $ 92.820.000.
Se suman también otras 13 facturas falsas en este cuadro. Emitidas por Asesorías VSA y GS Oursourcing (de un amigo del ex ministro) no sólo al BCI, sino también a Ripley, Caburga, Watts, Ecomac, Paso Nevado, CAP, Longovilo y Santa Virginia. En total, $ 160 millones más.
“Hay casos en que sí puedo vincular el aporte político, que es el caso de dos sociedades: Vox Comunicaciones y VSA. Ambas las vinculo a peticiones que me realizó para la campaña presidencial de don Laurence Golborne, quien me solicitó y facilitó estas facturas”, declaró ante el SII y la Fiscalía Luis Enrique Yarur Rey, presidente del Directorio del BCI.
De las facturas emitidas a VSA y GS Outsourcing por el resto de las empresas dio cuenta en su momento Tomás Carrasco. “Yo nunca interactué con nadie de las empresas que he señalado (…) Directamente era Laurence Golborne el que me traía las facturas”, señaló, aunque aseguró que el dinero recolectado sí se usó para pagar trabajos hechos en la campaña del ex ministro.
En total, más de 370 millones de pesos que hoy complican judicialmente a Laurence Golborne, quien según cita un informe del mismo SII, a raíz de estos pagos logró un “incremento patrimonial” el año tributario 2014 de $ 112.820.000.
