La Contraloría General de la República descartó que el Presidente, Sebastián Piñera, haya incurrido en una ilegalidad en la realización del fideicomiso ciego, como se le acusó en marzo pasado. De todos modos, el órgano determinó que la decisión de la Superintendencia de Casinos de Juegos que desató la polémica, no se ajustó a derecho.
Desde el ente fiscalizador ratificaron la legalidad de las actuaciones del Presidente de la República respecto a Casinos Enjoy y la existencia de conflictos de interés y cualquier irregularidad en la constitución y ejecución de sus fideicomisos ciegos.
Una nota periodística había denunciado que la Superintendencia de Casinos de Juego extendió el plazo a Casinos Enjoy para iniciar sus operaciones en dos ocasiones, lo que está fuera de la normativa, y mencionó que el patrimonio del mandatario estaba invertido en aquella empresa que se vio beneficiada.
“No existen elementos objetivos para que se configure un conflicto de intereses con ocasión de la dictación del referido decreto N° 77, de 2021, por lo que no se advierte una infracción al principio de probidad administrativa de parte del Presidente de la República”", dice el dictamen de Contraloría.
Según el ente, al ser un fideicomiso ciego, el jefe de Estado no tenía conocimiento de las decisiones que de la empresas que administran su patrimonio, “ni tiene la posibilidad de participar en la administración de los respectivos fideicomisos", por lo que "no se puede configurar el supuesto para abstenerse de intervenir en un determinado asunto”.
El origen del caso
El caso se hizo público en marzo de este 2021 cuando la periodista Alejandra Matus presentó la investigación “Los conflictos de interés del Presidente Piñera con la licitación y extensión de permisos para extender las obras de casinos licitados a Enjoy S.A.”.
En la investigación se indicaba que dos empresas en las que el Presidente tiene administrado su patrimonio -BTG Pactual y Moneda Asset- estaban "comprometidas, ya sea por boletas de garantía o porque están avalando la deuda de Enjoy, en que Enjoy se mantenga a flote a pesar de que está virtualmente quebrada desde 2017".
Según la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, la empresa de casinos de juego presentaría una insolvencia económica de cerca de 465 millones de dólares, lo que provocó una reorganización de sus deudas.
Sin embargo, en junio de 2018, la Superintendencia de Casinos le otorgó a Enjoy los permisos de operación para los casinos de Coquimbo, Viña del Mar, Pucón y Puerto Varas, con un plazo de dos años para iniciar la operación y con la opción de pedir un año más de plazo por única vez.
En febrero de 2020, los cinco casinos pidieron el único aplazamiento posible, sin embargo, en enero de 2021, la Contraloría General de la República tomó razón de un decreto (el decreto 77) presentado por el Ministerio de Hacienda, que permite un nuevo aplazamiento, por seis meses, en el que se autoriza a la superintendencia a extender nuevamente el plazo de inicio de operaciones.
"La superintendencia podrá extender la respectiva prórroga otorgada para la ejecución de las obras, previa solicitud de las sociedades operadoras, sólo por una vez y por razones fundadas, por un periodo que no exceda de seis meses, tratándose del cumplimiento de las obras de inicio de operación del casino de juego propiamente tal, y por el mismo período para el cumplimiento de las demás obras o instalaciones que comprenda el proyecto integral", detalla el decreto.
