Este sábado el partido Revolución Democrática solicitó a su Tribunal Supremo la expulsión de dos de sus militantes relacionados con el caso de adjudicación de fondos a la Fundación Democracia Viva.
Se trata del ahora ex seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras y la pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, quien también es el representante legal de la organización y quien ejerció como asesor de la Subsecretaría de Defensa.
De acuerdo con lo señalado por el medio TimeLine, desde la cartera de la Vivienda antofagastina adjudicaron $426 millones a la Fundación Democracia Viva en un plazo menor a dos meses.
Es en este contexto que Contreras y Andrade renunciaron a sus cargos, mientras que la diputada suspendió su participación en la mesa de la Cámara. Desde la Fiscalía de Antofagasta anunciaron una investigación de oficio por los convenios entre el Serviu local y la fundación.
Desde RD informaron “hemos llegado al convencimiento de que ambos afiliados involucrados en los convenios, suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, han infringido nuestra normativa interna vigente.
"Es por ello que hemos decidido solicitar al Tribunal Supremo que considere su expulsión; en base a nuestras normas internas, que fueron creadas para prevenir y enfrentar este tipo de actos”, aseguraron.
En esta línea, desde el consejo político nacional del partido señalaron que “como Revolución Democrática seguiremos haciendo esfuerzos por prevenir y detectar actos de corrupción, y estamos a disposición de colaborar con cualquier tipo de investigación y fiscalización para cumplimiento de nuestra ética partidaria, especialmente por parte de nuestros representantes y funcionarios en cargos de confianza en el Gobierno”.
