La defensa de la diputada Catalina Pérez confirmó que apelarán a la decisión de la Corte de Antofagasta que aprobó la solicitud del Ministerio Público para que la parlamentaria del Frente Amplio fuera desaforada, lo que permite que sea formalizada por fraude al fisco, en el marco del Caso Democracia Viva.
Los abogados de Pérez aseguraron, mediante un comunicado, que la solicitud de la Fiscalía de Antofagasta “no contiene argumentos sólidos” para el desafuero de la diputada.
“No compartimos los fundamentos de la resolución y apelaremos ante la Corte Suprema. De su análisis, resulta claro que los hechos por los cuales se ha investigado a la diputada Pérez no se encuentran confirmados por los antecedentes de la investigación”, confirmaron.
“Estamos convencidos de que no hay justificación jurídica para dar lugar a la solicitud de desafuero y confiamos en que la Corte Suprema acogerá nuestros argumentos”, añadieron.
El Ministerio Público asegura que la diputada Pérez “daba las indicaciones” en el caso, y que borró conversaciones con el objetivo de “ocultar información”.
Recordemos que los principales acusados en el Caso Democracia Viva son Daniel Andrade, expareja de Catalina Pérez y director de la Fundación Democracia Viva, y Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta y exjefe de gabinete de la misma parlamentaria.
Ambos suscribieron convenios para que la Fundación Democracia Viva recibiera fondos públicos para la materialización de proyectos de vivienda, pese a que la institución no tenía experiencia previa en ello.
Sobre los chats que se han conocido de la diputada, su defensa asegura que no prueban su participación en los hechos.
“Los mensajes de WhatsApp en los cuales fundamenta su solicitud, y que han sido ampliamente difundidos en medios de prensa, son del año 2023, muy posteriores a la suscripción de los convenios ocurrida en septiembre y octubre de 2022”, declararon sus abogados.
“El informe pericial contable de todas sus cuentas bancarias revela que la diputada Catalina Pérez no recibió un solo peso de estos convenios, y todos los testigos que han declarado en la investigación coinciden en que la diputada no tuvo ninguna participación en su asignación”, añadieron.
