El ministro de Justicia, Hernán Larraín, desistió de formar parte de las personas que testificarán en favor del ex senador Jaime Orpis, quien enfrenta el juicio oral por el Caso Corpesca, donde arriesga hasta 21 años de cárcel por los delitos de fraude al Fisco, Cohecho y Delitos tributarios.
El martes, luego que se conociera que había sido incluido por la defensa del ex legislador como testigo, Larraín había dicho a CNN: "yo era senador en este minuto y hemos sido invitados, junto a otros 10 senadores a testificar, cosa que haré con mucho gusto y tengo plena confianza en Jaime Orpis de su conducta".
Las declaraciones del ministro habían generado críticas en la oposición, desde donde enfatizaron que el titular de Justicia tiene un rol clave en la designación y ascensos de Jueces.
Críticas a las que se sumó el ex fiscal del Caso Penta, Carlos Gajardo: "no respeta independencia de las instituciones".
Frente a esto, el ministro dijo: "El hecho de ser en la actualidad Ministro de Justicia y Derechos Humanos, ha generado un comprensible debate por el alcance de mis declaraciones, ya que ellas han sido interpretadas razonablemente por algunos en un sentido totalmente ajeno al espíritu con que fueron formuladas", comenzó diciendo el ministro.
Larraín agregó que "es mi voluntad evitar que esta confusión se produzca, por lo cual he pedido a la defensa de Jaime Orpis no participar como testigo en este caso, solicitud que ha sido concedida".
"Con ello quiero evitar toda duda respecto del tenor e intención de mis declaraciones. Lamento muy sinceramente la situación producida por mis palabras", agregó.
Finalmente, el titular de justicia planteó que "espero que esta decisión que he adoptado sea entendida como una contribución al cuidado de las instituciones y a despejar en la opinión pública las inquietudes que nunca fue mi intención provocar".
Orpis podría convertirse en el político con la mayor condena en los casos de irregularidades en el financiamiento de la política. Según el Ministerio Público, en los años 2009, 2010 y 2013, Orpis solicitó a Francisco Mujica, en ese entonces gerente general de Corpesca, una serie de pagos, a cambio de favorecer los intereses de la empresa en su rol como parlamentario.
Aportes que suman más de $233 millones, y que fueron cursados mensualmente al margen del mecanismo legal de financiamiento de las campañas políticas. Es la reiteración de los delitos el motivo por el que la Fiscalía decidió pedir la pena de 21 años, pese a la atenuante de irreprochable conducta anterior.
