Por Paula Comandari
En menos de dos meses, La Moneda y el Ministerio Público vuelven a encontrarse. Pero en veredas opuestas. Fue el 3 de diciembre cuando un grupo de destacados penalistas que asesoran al gobierno, entre ellos Samuel Donoso, Jorge Bofill, Gabriel Zaliasnik y Marcelo Sanfeliú, criticaron enérgicamente la actuación del Ministerio Público, luego de que solicitara salidas alternativas a personas involucradas en saqueos, según ellos, sin la debida investigación, lo que consideraron una "situación gravísima", considerando que el país atraviesa por la peor crisis tras el regreso de la democracia.
Pero la batalla entre Interior y el organismo perseguidor está lejos de terminar. Los dardos apuntan nuevamente a la Fiscalía Centro Norte, dirigida por el fiscal Xavier Armendáriz. Ahora es Manuel Garrido, otro penalista que asesora a Interior, quien sale al paso para cuestionar el rol que ha cumplido el Ministerio Público, específicamente en un episodio que ocurrió el pasado 10 de enero en los alrededores de Plaza Italia, cuando Armendáriz solicitó retirar uno de los dos lanzas aguas que disponía ese día la institución para combatir los hechos delictivos que ocurrían en calle Doctor Corvalán, y reestablecer así el orden público.
"Una cosa es lo que sucede en el cuadrante de Plaza Italia, y otra lo que ocurre en calle Carabineros de Chile y Doctor Corvalán, por la Alameda hacia abajo, donde está el monumento de los mártires, y la mutual de seguridad. En el primero, especialmente los viernes, la gente se reúne a protestar, manifestarse, hay algún corte de tránsito, pero todo es más bien pacífico. En el segundo cuadrante, lo que ocurre es una dinámica violenta, de combate, en que los individuos que van a combatir lanzan bombas molotov, piedras, se destruye la propiedad pública y privada… Se hacen de palos y piedras para atacar a carabineros", explica Garrido.
Según él, en ese contexto está la gravedad de lo ocurrido ese 10 de enero: que el Ministerio Público haya tomado la decisión de retirar a uno de los llamados guanacos —los cuales trabajan en conjunto para protegerse, porque mientras uno actúa, el otro carga agua— en plena contingencia. "Esa decisión no se ajustó a derecho. La fiscalía regional tiene facultades para dirigir a Carabineros, dentro del proceso penal, en el contexto de una investigación, pero no en operativas de orden público. En consecuencia, con la solicitud de retiro, se excedió de sus facultades. El fiscal actuó sin mesurar las consecuencias de lo que estaba haciendo, como si fuera parte de la jerarquía de Carabineros, pudiendo causar daño al personal. Los dejó desarmados, por lo tanto es inapropiado y no justificado por la ley. Tiene que revisar su forma de actuar. Esto es muy grave".
Fue la propia fiscal jefa de la Fiscalía de Flagrancia Centro Norte, Macarena Cañas, quien llegó a las inmediaciones de Plaza Italia ese 10 de enero. La idea era obtener muestras del líquido color amarillo que salió del pitón del auto de Carabineros, para verificar si se había actuado bajo protocolo. La operación, dice la fiscal, comenzó tras denuncias realizadas en redes sociales, y porque Armendáriz recibió llamados de personas que afirmaban haber sido víctimas de irritaciones y quemaduras, producto de algún elemento que la propia institución habría introducido en el agua.
"En la medida que haya víctimas que denuncian delitos, la fiscalía está llamada a actuar, a dar protección. Si no hubiésemos desarrollado estas acciones, esos ciudadanos, legítimamente, podrían iniciar acciones contra el Estado, por tratarse de victimas que denuncian violencia institucional, y el Estado no ha reaccionado para dar debida protección", recalca la fiscal Cañas.
El tema es complejo porque las imágenes muestran que cuando el Ministerio Público dio la instrucción se vivía un álgido enfrentamiento entre un grupo de encapuchados y Carabineros, momento en que desde el comando de Fuerzas Especiales insistieron que la situación era beligerante y descontrolada, y que se ponía en peligro no sólo a la propia fuerza policial, sino que más complicado aún, a los propios vecinos.
"Hay mucha confusión entre manifestaciones legítimas y actos criminales. En países como Inglaterra o Canadá un ataque a la Policía se repele con armas de juego", dice el general Enrique Bassaletti, jefe de la zona este de la Región Metropolitana, quien asegura que tuvo que acatar la instrucción, pese a no estar de acuerdo. Tras el retiro del lanza aguas, el último carro que operó esa noche, recibió según el general, una bomba en la cabina, quemando el sistema electrónico, por lo que hoy está totalmente inutilizado, lo que demuestra según él que ese día podrían haberse generado otros incidentes, incluso ataques a la propiedad privada, y haber costado la vida de alguna persona.
El tema está en veremos, porque si bien en Carabineros afirman que hicieron peritaje de las aguas del carro, y que se concluyó que los químicos que habían en ellas cumplían los protocolos, en la Fiscalía mantienen en total reserva el resultado de las pericias realizadas por la fiscal Cañas en conjunto con la PDI. La investigación está hoy en manos de la fiscal Ximena Chong y se conocería dentro de los próximos días, en un caso que mantiene la pugna entre la administración Piñera y el Ministerio Público.
