Once consejeros más un presidente en un cargo inamovible hasta los 75 años -que sólo puede ser removido con acuerdo del Senado-, una remuneración mensual que parte en los 7,6 millones de pesos, y la posibilidad de ejercer en paralelo funciones relativas al ámbito privado -como integrar un estudio de abogados- forman parte del estatus que tienen los integrantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
A este cargo llegó la ex ministra Javiera Blanco desde el 1 de febrero, 103 días después que dejara el Ministerio de Justicia, en medio de varias crisis que enfrentaba mientras permaneció a la cabeza de la cartera, donde tuvo bajo su dirección complejas reparticiones como el Sename y Gendarmería.
Contra este último organismo, el CDE se querelló en octubre pasado por las altas pensiones para sus funcionarios. El caso fue, además, uno de los flancos que activaron duras críticas contra Blanco tras conocerse su designación en el consejo, ya que en su calidad de integrante del CDE, la ex ministra deberá conocer causas relativas a su ex cartera.
En este contexto, el aterrizaje de Blanco al organismo reactivó un proyecto presentado el 2015 por un grupo de diputados, encabezados por el DC Jaime Piloswky, que busca establecer dedicación exclusiva de los consejeros del CDE.
El 18 de enero pasado la iniciativa estaba en tercer lugar de la tabla de la comisión de Constitución de la Cámara Baja, e incluso se había citado al presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, ex subsecretario del gobierno de Sebastián Piñera, pero éste se excusó. Finalmente, la comisión se resolvió que el proyecto -ingresado el año 2015- se discutirá en marzo en la instancia.
Ahora, agilizar la tramitación del proyecto abrió el interés de algunos parlamentarios en ampliar la discusión en torno a las inhabilidades.
Consultado sobre el trámite del proyecto y las críticas al nombramiento de Blanco, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Guillermo Ceroni (PPD), dijo a T13.cl que la iniciativa “precisamente va establecida también a eso, a poder establecer inhabilidades de personas que han ocupado cargos políticos: que transcurra un tiempo adecuado que les permita evitar influencias en la medida que sigan vinculados al Gobierno mismo en el cual ellos ocuparon el cargo. Por eso vamos a ver ahí la cantidad de años para evitar todo tipo de influencias”.
Tras la designación de la ex ministra en el cupo del consejero Álvaro Quintanilla, quien jubiló, las críticas a Blanco arreciaron desde el oficialismo y la oposición. Mientras el Partido Radical, Ernesto Velasco, planteó que para asumir el cargo “lo ideal era una persona menos contaminada por la coyuntura”, desde Chile Vamos acusaron un potencial “conflicto de interés” de la ex secretaria de Estado por las materias que lleva el CDE y que se vinculan con Justicia.
Como sea, en este contexto la oposición redobló su ofensiva que busca agilizar la tramitación del proyecto sobre la dedicación exclusiva de los consejeros. El diputado UDI Juan Antonio Coloma –integrante de la comisión de Constitución- afirmó que “es fundamental agilizar la legislación en materia de exclusividad de los consejeros del CDE. Esto salta a la luz pública con el caso bastante criticado del nombramiento de Javiera Blanco, pero también hay otros consejeros que realizan labores en paralelo y eso genera evidentes problemas a la hora de tomar decisiones”.
En tanto, el diputado Pilowsky, uno de los autores del proyecto, aseguró que Pilowsky “es urgente poner en discusión el proyecto de ley” y que “es absolutamente razonable que todos los consejeros estén al margen de cualquier posible conflicto de interés. La defensa del Estado no merece mantos de duda”.
