El manejo presupuestario de la Convención Constitucional sigue siendo el foco de tensión entre la mesa del organismo con el Gobierno de Chile, que tiene al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de estos asuntos. La polémica surgió por el servicio de café, que fue cuestionado por el vicepresidente de la constituyente, Jaime Bassa.
“Por ejemplo el servicio de café que tenía una suma absolutamente exorbitante de dos millones de pesos diarios, eso decidimos cortarlo la semana pasada”, aseguró el representante del Frente Amplio en T13 Noche, sobre los contratos hechos antes de que la Convención comenzara su funcionamiento.
Los dichos de Bassa tuvieron respuesta desde el gobierno, y el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez justificó estos gastos y aseguró que hubo peticiones de los constituyentes sobre el servicio de cafetería.
“El vicepresidente comete una imprecisión, porque la mesa nunca nos pidió terminar un servicio. Ese servicio terminó solo porque esa parte del contrato del proveedor que está haciendo otros tipos de servicios, en materia de café se acababa”, dijo Pavez.
"Nos han dicho que requieren un estándar de café y de brunch, dos veces al día, y eso evidentemente tiene un costo por lo menos similar a la parte del contrato anterior", agregó.
La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, también había cuestionado la labor del Ejecutivo en la puesta en marcha de la corporación, asegurando que en el edificio del Ex Congreso Nacional no estaban las condiciones dadas para, por ejemplo, almorzar.
