"Una vez más, pese a las dificultades, hemos decidido resolver los problemas de la democracia con más democracia y no con menos".
Así valoró el presidente chileno Gabriel Boric el nuevo acuerdo que alcanzó el Congreso este lunes para retomar el proceso de redacción de una nueva Constitución.
Las nuevas reglas acordadas son el resultado de casi 100 días de negociaciones que comenzaron tras el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, cuando la ciudadanía rechazó por un 62% una primera propuesta constitucional elaborada por una Convención.
Al día siguiente del triunfo del rechazo, Boric convocó a los presidentes del Senado y la Cámara para "acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional".
Enfrentado a otras urgencias legislativas y preocupaciones ciudadanas como la seguridad, y respondiendo a las demandas de los partidos de la oposición, el gobierno fue cediendo protagonismo al Congreso, donde se alcanzó un acuerdo refrendado por 14 partidos políticos con representación parlamentaria.
Según el documento firmado, la nueva propuesta constitucional será redactada por un Consejo Constituyente formado por 50 integrantes de elección popular. El Consejo trabajará junto a una Comisión Experta designada por el Congreso. Las normas aprobadas además serán revisadas por un Consejo Técnico elegido por el Senado y conformado por 14 juristas.
Para reiniciar el proceso bajo estas nuevas reglas, y poder someter la nueva propuesta a referéndum en noviembre de 2023, el Congreso debe aprobar un nuevo proyecto de reforma constitucional con discusión inmediata de parte del Ejecutivo.
BBC Mundo te presenta el contenido del acuerdo, las diferencias que marca con el proceso constituyente anterior y las reacciones que genera el documento.
1. ¿Qué se acordó?
"Discutir y escribir una Constitución hoy es importante e indispensable y requiere un nivel de profesionalismo, contar con expertos y expertas; asimismo, debe hacerla un órgano distinto al Congreso, con dedicación exclusiva".
Ese es uno de los primeros párrafos del llamado "Acuerdo por Chile".
Según el documento, la redacción de la Constitución comenzará con la elaboración de un anteproyecto a cargo de una Comisión Experta que se instalará en enero del 2023.
Esta Comisión Experta estará formada por 24 personas de "indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica", elegidas en partes iguales por la cámara baja y el Senado. Sus integrantes se seleccionarán según la representación de las fuerzas políticas en el Congreso y serán aprobadas por cuatro séptimos de los votos de cada cámara.
Una vez en funciones, la Comisión tomará sus decisiones por un quórum de tres quintos y deberá entregar su propuesta al Consejo Constitucional, al que se incorporará con derecho a voz, pero no a voto.
El Consejo Constitucional en tanto será elegido en votación universal y obligatoria en abril del 2023 y contará con 50 integrantes, manteniendo el criterio de paridad entre hombres y mujeres y la presencia de escaños indígenas.
Iniciado su trabajo, en mayo del 2023, el Consejo podrá aprobar, rechazar o modificar la propuesta de la Comisión Experta, y discutir y aprobar las normas y el texto final de la nueva Constitución por tres quintos de sus votos.
Tanto la Comisión Experta como la Convención seguirán los criterios de paridad de género.
Finalmente, tanto las normas aprobadas tanto por la Comisión Experta como por el Consejo Constitucional serán revisadas por un Comité Técnico de Admisibilidad, que formarán 14 personas elegidas por el Congreso y aprobadas por cuatro séptimos en ambas cámaras.
Según el itinerario propuesto, el nuevo proyecto de Constitución se entregará el 21 de octubre de 2023 y será sometido a un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio el 26 de noviembre del 2023.
2. ¿En qué se diferencia del proceso anterior?
El nuevo acuerdo sella una marcada diferencia con el proceso constitucional anterior.
Uno de los símbolos de la distancia entre el proceso anterior y la nueva propuesta es que ningún integrante de la disuelta Convención Constitucional podrá participar en la Comisión Experta o el Consejo Constitucional ahora propuestos.
El acuerdo reemplaza el término Convención Constitucional por el de Consejo Constitucional, rebaja la cantidad de integrantes de 155 a 50, y si bien mantiene un órgano 100 por ciento electo para redactar la nueva Constitución, lo acompaña de una Comisión Experta definida en el Congreso, y un Comité Técnico que también surge del Parlamento.
En general, bajo las nuevas reglas, el Congreso tendrá mayor poder en el desarrollo del proceso constitucional. El Parlamento tendrá un rol exclusivo en la selección de dos de las tres instancias del proceso: la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad, que trabajarán junto al Consejo Constituyente 100% electo.
El nuevo acuerdo dará también mayor poder a los partidos políticos en el proceso constituyente. La primera Convención fue elegida con un mecanismo que favoreció la elección de candidaturas independientes. Esta vez, la votación se realizará de acuerdo al sistema electoral que se aplica al Senado, con listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos. Si bien las listas podrán incluir a personas independientes, esto aumenta el poder de las colectividades dentro de la elección del Consejo.
Respecto a los escaños indígenas -que sumaban 17 en la Convención anterior- esta vez esos asientos en el Consejo Constitucional serán asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva realizada través de la papeleta de escaños indígenas.
La nueva propuesta de Constitución no se redactará a partir de una "hoja en blanco", sino a partir de 12 bases constitucionales preacordadas por los partidos e incorporadas en el acuerdo, en los que se define a Chile como "Estado social y Democrático de Derecho", se reconocen como emblemas nacionales "la bandera, el escudo y el himno nacional" y se consagra un poder legislativo bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas,.
3. ¿Quiénes apoyan el acuerdo y quiénes lo rechazan?
El acuerdo es apoyado por un amplio espectro de partidos que incluye a las fuerzas de izquierda y centroizquierda hoy en el gobierno, integrantes de la ex Concertación (incluidos el Partido Socialista, Radical y Demócrata Cristiano) y colectividades de derecha y centro derecha hoy en la oposición.
Dentro de las formaciones con representación parlamentaria, se salieron del acuerdo el Partido Republicano, en el extremo derecho del espectro político, argumentando que el país no necesita una nueva Constitución.
También se marginó del acuerdo el Partido de la Gente, autodefinido como una colectividad "sin ideologías políticas", que criticó la negociación como "cocina política".
Uno de los principales temas de discusión en los días previos a la firma del acuerdo fue cómo conformar el órgano constituyente. Los partidos de gobierno pujaban por una instancia cien por ciento elegida por la ciudadanía, mientras las fuerzas de oposición impulsaban una Convención mixta, con voces expertas designadas por el Congreso.
"Es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo", planteó el presidente Boric en los días finales de la negociación, donde se optó por incluir ambas opciones: un Consejo Constitucional elegido con derecho a voz y voto, y una Comisión Experta elegida y definida en el Congreso que redactará un anteproyecto y sólo tendrá derecho a voz en el proceso.
El diputado Javier Macaya, quien perseveró en las negociaciones incluso ante las amenazas de sectores radicalizados, aseguró que el acuerdo "no es un triunfo de por sí, sino el reinicio de un camino constituyente".
El parlamentario planteó que las bases constitucionales pre aprobadas y el desarrollo de un ante proyecto diseñado por la Comisión Experta evitarán "experimentos refundacionales".
En el Partido Comunista, otro de los firmantes del acuerdo, el ex candidato presidencial y alcalde Daniel Jadue utilizó las redes sociales para asegurar que en el acuerdo "persisten los fantasmas de la democracia tutelada", pero agregó que el PC se sumaría al proceso "para disputarle espacio a quienes siguen creyéndose dueños de Chile".
"Teníamos una expectativa de un órgano 100% electo ? pero necesitamos 4/7 en el Congreso, necesitamos los votos de la derecha", dijo el Diputado Diego Ibáñez, dirigente del oficialista Frente Amplio en declaraciones a Radio Cooperativa.
"Sabemos que esta va a ser una Constitución que no va a dejar quizás a todo el mundo contento", agregó Ibáñez, "pero va a establecer un piso mínimo, un Estado social democrático de derecho que va a servir para habilitar transformaciones sociales y que en ello nos va a cohesionar en un nuevo pacto social".
