Uno al lado de otro, separados apenas por centímetros. Así estuvieron esta tarde el fiscal nacional Jorge Abbott y el director de Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, protagonistas de la polémica desatada por la decisión de este último de desistir de las querellas en los casos Penta y SQM.
Ambos se encontraron en la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, durante la discusión del proyecto de ley que permite al Ministerio Público perseguir los delitos tributarios, ocasión que Barraza aprovechó para argumentar su postura de mantener esa prerrogativa en el servicio que encabeza.
"Para nosotros es relevante que se genere el efecto disuasivo", manifestó. De paso, aseguró que su objetivo se concentra en conseguir, al menos, "el 50 por ciento del perjuicio como sanción".
De esta forma, el director del SII defendió la vía pecuniaria por sobre la legal, puesto que de esta forma, manifestó, es posible "maximizar los ingresos tributarios para el país".
Para validar su postura, presentó una serie de estadísticas.
"El SII ha presentado 272 querellas desde 2008, para que el Ministerio Público inicie una investigación (...) Solo en el 26,8 por ciento de los casos ha habido formalización (...) Este 73% restante representa un perjuicio fiscal de 62 mil millones de pesos", aseguró.
Añadió que "en los últimos cinco años, del total de condenados por querellas delitos tribuitarios, solo se sentenció a cárcel al 9,4 por ciento de los casos (...) Y se recuperó el equivalente solo al 15,3% de las multas".
De acuerdo con Barraza, "la regulación actual se condice con el rol de la acción tributaria" y que esto le permite al SII cumplir con la labor que le corresponde de "resguardar el tesoro públco y y el patrimonio fiscal (...) Cuando perseguimos un delito tributario, lo que nos mueve es el patrimonio fiscal".
El proceso de recaudación concentró las razones que expuso para mantener separadas las funciones del SII y el Ministerio Público.
Barraza cree que, de aprobarse el proyecto, se afectará a las arcas fiscales. "Cuando estemos haciendo una auditoria, el ministerio -de oficio- puede inicar la acción penal y eso redundará en que sea vea obstaculizada la recuperación de las platas fiscales (...) Lo más natural es que (la persona investigada) no pague y que espere que termine el juicio". sentenció.
Por lo mismo, puntualizó que "de concertarse la moción, el minsterio requería la investigación y congelaría la acción del Servicio".
Entre sus argumentos, también subrayó los plazos de prescripción que podría afectar la recuperación de los montos defraudados. "Si el caso se alarga, se impondría el plazo de prescripción (…) No podríamos recuperar los impuestos por la vía civil", dijo.
Además, agregó que la labor del Ministerio Público podría generar un doble juzgamiento de un mismo caso y advirtió que esto "llevaría a una pugna entre los órganos del Estado".
Barraza manifestó que en países como Estados Unidos y Alemania el sistema opera de la misma forma que en Chile, según datos de la OCDE.
La posición del director de SII no generó mucho concenso entre los diputados presentes en la cita. De los que alcanzaron a realizar comentarios antes del cierre de la sesión, entre ellos Jorge Tarud (PPD), Marisol Turres (UDI), René Saffirio (Ind) y Hugo Gutiérrez (PC), ninguno se manifestó a favor de mantener la decisión de querellarse por delitos tributarios en el titular de los impuestos.
Incluso, Saffirio le manifestó que la labor del SII no es la recaudación, función que recae en la Tesorería, sino que el contribuyente pague.
