A sólo horas de que el Congreso despachara la ley corta por gratuidad, la Presidenta Michelle Bachelet firmó su promulgación.
Ahora la iniciativa sólo debe ser revisada por la Contraloría para convertirse en ley, sin necesidad de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC), ya que esta vez no se presentó una reserva.
La idea del gobierno es que se publique la ley corta en el Diario Oficial antes del proceso de postulaciones a la educación superior que se inicia el domingo.
¿Cómo funcionará la gratuidad?
La gratuidad para el 2016 será extensiva para los estudiantes pertenecientes a los primeros cinco deciles de menores ingresos -$155.000 por cada integrante del grupo familiar- lo que se traduce en que cerca de 178 mil alumnos que cursen estudios en las universidades elegibles se verían beneficiados.
La ley corta entrega gratuidad a las 16 universidades estatales por “derecho propio”, mientras que a las privadas tradicionales (G9) se les exigirán los mismos requisitos que a las privadas que no pertenecen al Cruch: contar con al menos cuatro años de acreditación y no lucrar.
Si bien el proyecto fija “la obligatoriedad de las universidades estatales de garantizar gratuidad a estudiantes", les plantea como requisito alcanzar, mantener o mejorar su acreditación institucional, de acuerdo a los criterios fijados para el resto de los planteles privados.
Son nueve las privadas fuera del Cruch que podrían acceder al beneficio, de las cuales tres ya han confirmado su ingreso (UDP, Católica Silva Henríquez y Alberto Hurtado). La Finis Terrae, Adventista, Autónoma, Adolfo Ibáñez, Mayor y De Los Andes no han confirmado si se adscribirán a la gratuidad.
Por otro lado, los CFT e IP sin fines de lucro no ingresarán formalmente a la gratuidad, pero recibirían un incremento en las becas, como ya se detalló. Se proyecta que 144 mil estudiantes de la educación técnico profesional recibirán financiamiento en estas condiciones.
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