Como un hecho "de la máxima gravedad" calificó la Presidenta Michellle Bachelet el caso de colusión durante 10 años entre las empresas CMPC y SCA (ex pisa) para controlar cuotas de mercado y precios de productos tissue, que considera el papel higiénico, servilletas, toalla de papel y pañuelos desechables durante.
La Presidenta recordó que "en el pasado conocimos la colusión de los pollos, de las farmacias. Ahora se trata del papel higiénico, las servilletas y otros productos de uso cotidiano".
"¿Qué tienen estos casos en común? Tienen en común que perjudican a las personas, fijando un precio que es más caro, que atenta contra la libre competencia y afecta sin duda el bolsillo de las familias", sostuvo.
En este contexto la Presidenta dijo que "quiero recordarles que mi gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que castiga duramente estas prácticas con cárceles y con multas y quiero anunciar que vamos a empujar con fuerza en el Congreso este proyecto, porque la colusión es una forma de abuso que perjudica a las personas, perjudica la economía y la confianza y la imagen de nuestro país".
El proyecto al que hacía alusión la Mandataria se firmó el 16 de marzo de este año y contempla tres ejes
- Endurece las sanciones en casos de colusión, con penas de cinco años hasta 10 años y un día. En el caso de multas, el texto apunta a pasar de un sistema de multa fija a uno variable, que ascienda hasta una suma equivalente al doble del beneficio económico obtenido como resultado de la infracción, si es que éste puede ser claramente determinado por el Tribunal, o, en caso contrario, al 30% de las ventas del infractor correspondientes al período durante el cual la infracción se haya prolongado.
- Mejora el control de fusiones en el sistema de libre competencia.
- Entrega más capacidad a la Fiscalía Nacional Económica.
El proyecto, sin embargo, aún no sortea su primer trámite constitucional. Actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara, tras su paso por la comisión de Economía.
Hasta hoy, el proyecto se encuentra con urgencia simple (30 días para despacharlo), la que ha sido renovada en varias oportunidades. Esto podría cambiar tras el anuncio que hizo hoy de la jefa de Estado luego del estallido de un nuevo caso de colusión en Chile.
