El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, respondió con al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien dijo que no existía un marco legal que respalde la idea de Carter y del alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, de implementar un estado de emergencia comunal para intervenir en materia de seguridad.
Carter, en conversación con Tele13 Radio, emplazó a Bermúdez a hablar “a través de los dictámenes” y no entrevistas.
“Los jueces hablan por sus sentencias y los contralores hablan a través de sus dictámenes, no a través de entrevistas de televisión. Un abogado del prestigio de Jorge Bermúdez lo sabe”, expresó.
“Lo que uno espera del garante de la regularidad de los actos administrativos del país es que no opine a través de una entrevista, sino que a través de un pronunciamiento, a través de un dictamen que nos dé garantías a todo, porque eso es lo que hace que los países sean serios y que las instituciones funcionen”, añadió.
Bermúdez pone en duda idea de Carter
El líder del órgano fiscalizador, explicó que los municipios no tienen facultades para actuar en materia de seguridad, pero también dijo que la Contraloría no cumple un rol preventivo, sino que sólo podrían actuar hasta que la idea se implemente si así ocurre.
“No, evidentemente que no, es una cosa que no está en el marco legal. Es evidente que los estados de excepción se decretan con las autoridades que tienen competencia para ello, y las municipalidades no tienen esa facultad”, dijo Bermúdez.
“Ellos pueden colaborar, como se ha hecho. Constitucional y legalmente, las labores policiales están reservadas en materia preventiva a Carabineros de Chile, y en materia investigativa a la Policía de Investigaciones”, añadió.
“Yo no he visto ningún decreto alcaldicio que las cree, solo he visto lo mismo que ustedes conocen. Pero con esas declaraciones de prensa, lo que uno ve es que las funciones de policías solo le corresponden a Carabineros, lo demás sólo puede ser colaboración”, complementó.
Precisamente Carter pidió a la Contraloría que revise el decreto que también ha sido cuestionado por el gobierno, desde donde han dicho que no pueden traspasar la responsabilidad de la seguridad a los vecinos.
“Primero que nos pidan el decreto, que lo revisen, que lo estudien y que después se pronuncien. Estoy seguro que después de que lo revise se va a dar cuenta de que, por ejemplo, nosotros tomamos la salvedad de renunciar a la contratación directa, que es típico de las emergencias municipales. Para evitar cualquier malentendido, las licitaciones acá se mantienen normales como en cualquier proceso y lo que estamos haciendo son temas operativos básicamente”, respondió Carter.
“Cuando se tiene ese nivel de autoridad, lo que uno esperaría es un poquito más de rigor, no ser tan precipitado, y entender de qué lado estamos. Acá nadie está pretendiendo inventar una República paralela ni cuerpos armados”, agregó.
“Evidentemente, las municipalidades no tienen un estado de excepción constitucional de emergencia. Nosotros no ponemos toques de queda, no podemos registrar gente en las calles, no podemos censurar a la prensa ni registrar la correspondencia, como sí permite un estado de excepción constitucional. Lo que genera una declaración de emergencia comunal es operativamente redireccionar recursos y redireccionar personas para poder salir a la calle”, insistió.
