Este lunes se ingresó la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
El libelo es impulsado por los diputados Francesca Muñoz (PSC), Sara Concha (PSC), Víctor Pino (ex PDG), Karen Medina (PDG), Diego Schalper (RN), Eduardo Durán (RN), Stephan Schubert (IND-REP), Marco Sulantay (UDI), Henry Leal (UDI) y Christian Matheson (IND-EVO).
Y durante la tarde del 19 de junio, la Cámara de Diputadas y Diputados sorteó la comisión que revisará la acusación constitucional contra el titular del Mineduc.
Ésta quedó compuesta por Tomás Hirsch (IND-COM), Héctor Ulloa (IND-CIU), Miguel Becker (RN), Juan Santana (PS) y Gloria Naveillán (REP).
De acuerdo a lo señalado por la diputada Francesca Muñoz, son siete los capítulos que expusieron en el marco del contenido de la acusación constitucional.
"Los capítulos están relacionados con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, otros capítulos están relacionados con no usar la ley de educación pública y otro capítulo relacionado también con que el ministro no ha cumplido su rol de supervigilancia", dijo.
Mientras que Sara Concha indicó que "hay una gestión que ha estado ineficiente (...) Son antecedentes que se venían advirtiendo de la crisis y de la grave situación en la que nos encontramos y que con esta administración ha ido en decadencia".
"Tenemos la convicción que el ministro de Educación está en una situación de inejecución de leyes importantes para el país que se están traduciendo en seguir profundizando la crisis educativa en la que está el país", agregó el diputado Diego Schalper.
En el texto al que tuvo acceso T13.cl se apunta, en el primer capítulo, que "el ministro de Educación ha infringido la Constitución Política de la República y las leyes que se indican al diseñar, promover e implementar programas e instrumentos educativos relativos a educación sexual y educación no sexista, en establecimientos educacionales de todo el país, contraviniendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos e incumpliendo su obligación constitucional".
El segundo de los capítulos acusa que "el ministro de Educación ha infringido la Constitución y las leyes que se indican en el diseño, promoción e implementación de las 'Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno' y sus orientaciones temáticas, así como en la actualización del manual de 'Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno', en particular contraviniendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos".
Igualmente, acusaron que el ministro Marco Antonio Ávila habría incurrido en una falta al excluir a estudiantes con discapacidad en la política de educación del Ministerio de Educación; y acusaron una inacción y falta de diligencia "ante los graves problemas que experimenta el sistema educativo público".
Y, junto a lo anterior, cuestionaron que se habría trasgredido el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos a raíz de la ejecución del programa "Útiles Escolares" de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb); y unas infracciones a la ejecución de los programas de Alimentación Escolar (PAE) y de Alimentación Parvularia (PAP); junto con "graves negligencias e inejecuciones en el proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública".
