El primer día del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el 11 de marzo de 2014, Andrés Gómez-Lobo asumió la conducción del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, repartición a cargo de una de las políticas públicas más cuestionadas: el Transantiago.

La llegada de Gómez-Lobo a la cartera estuvo precedida por cifras poco alentadoras. Según la información oficial del ministerio publicada actualmente, en 2013 se había registrado un índice de evasión del 24%, la cifra más alta durante el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera. Esto, con un subsidio estatal que en ese año correspondió a cerca de $373 mil millones anuales y con un total de viajes cercano a los 1.093 millones.

Con esto en mano, el ministro inició su primer año en el gabinete, período que finalizó con una disminución de los viajes en cerca de 17 millones anuales, llegando a los 1.076 millones en 2014. Cifra que contrasta con el aumento del subsidio en más de $39 mil millones respecto de 2013 y con una evasión, que al finalizar el debut del ex ministro PPD, alcanzó el 27,2%, tres puntos más que cuando recibió el ministerio. De ahí en adelante, los números empeoraron.

Para 2015, el subsidio destinado al Transantiago alcanzó los $428 mil millones, mientras que el total de viajes anuales registró una baja, llegando a los 1.047 millones. Además, la evasión volvió a subir, aunque sólo en 0,4%, llegando a 27,6%.

Y si bien el Ministerio de Transportes aún no da cuenta de su evaluación de gestión correspondiente al 2016, a comienzos de marzo el por esos días ministro subrogante de la cartera, Carlos Melo, dio cuenta de un aumento significativo en este último ítem.

Según Melo, el total de evasión llegó hasta un 35% en 2016, la cifra más alta desde la implementación del Transantiago. "Hemos hecho los análisis. No hubo aumento de tarifa, ni procesos en que el servicio se vea afectado. Tampoco hubo fallas en el metro. Siendo honestos, no existe justificación en lo que se está produciendo", dijo ese día el funcionario.

Diagnóstico de la oposición

La salida del ex titular de Transportes ya había sido solicitada por Chile Vamos. El 3 de marzo, dos días después que se entregaran las nuevas cifras de evasión, un grupo de parlamentarios liderado por el senador Andrés Allamand (RN) y el diputado Jaime Bellolio (UDI) emplazaron al Gobierno a reemplazar a Goméz-Lobo, amenazando con activar una ofensiva fiscalizadora que contemplaba una interpelación. Dicha acción justamente, pretendía ser votada este martes en el Congreso. Sin embargo, tras la renuncia del ex secretario de Estado, se desestimó. 

“Ha sido la política pública más fracasada. En estos años, nunca los sistemas públicos han alcanzado un 35% de evasión. Además, aumentó la subvención, disminuyó la cantidad de pasajeros y aumentó el costo”, dijo ese día Bellolio. 

La petición de la centroderecha fue acompañada por un análisis estadístico sobre la gestión de la cartera, documento elaborado por el académico de la UDP, Louis de Grange, en base a datos actualizados obtenidos a través de una solicitud por Ley de Transparencia.

Según los datos que manejan en Chile Vamos, el costo total del sistema en 2016 correspondió a $1.134 mil millones, mientras que el subsidio del Fisco fue de $457 mil millones, cerca de $100 mil millones más que cuando Gómez-Lobo asumió en el ministerio.

Sobre el total de pasajeros, en tanto, el informe de la oposición de cuenta de una disminución de 125 millones desde 2013 a 2016, pasando de 1.678 millones a 1.553 millones. Por su lado, el aumento de evasión durante la gestión de Gómez-Lobo correspondió al 45,4%.

Evaluación ciudadana

La malas cifras de gestión durante el período de Gómez-Lobo también se vieron reflejadas en los estudios de opinión pública. Mientras en el abril de 2014 -su primera medición durante el gobierno de Bachelet- la encuesta Adimark daba cuenta de una aprobación del 24% y una desaprobación del 68% respecto de cómo el ejecutivo estaba manejando el Transantiago.

Y si bien la evaluación no era positiva, lo números con que Gómez-Lobo deja la cartera son aún peores. Según la misma encuesta, para el periodo febrero 2017, sólo un 16% valora la gestión del gobierno respecto del Transantiago, mientras que un 83% la desaprueba.

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