Gobierno estudia cambios en expulsiones de inmigrantes: se concretó sólo un tercio de las decretadas

Por Esteban González y Tomás Martínez

Un total de 16.650 expulsiones de inmigrantes fueron decretadas entre 2011 y 2015, según cifras de la Policía de Investigaciones. De ese total, sin embargo, sólo se concretaron 5.933, lo que corresponde a un 35,6%, según datos del Departamento de Extranjería.

Los datos revelan las dificultades para el procedimiento de expulsión de extranjeros en medio del debate que cruza el escenario político acerca de endurecer las normas de inmigración.

De acuerdo a la ley, las expulsiones se dividen en dos tipos. Las judiciales son las decretadas por un tribunal cuando un extranjero recibe una condena. En caso que la pena sea menor a cinco años y un día, la expulsión debe ejecutarse de manera inmediata.

Si la pena es superior, por lo que el extranjero condenado debe cumplir prisión efectiva, la expulsión se realiza una vez que se cumpla la pena.

Distinto es el proceso para las denominadas expulsiones administrativas. En este caso, se trata de infracciones a la Ley de Extranjería: al detectar la falta, el intendente o el gobernador decretan la expulsión. Las infracciones pueden ir desde el vencimiento de la visa de turista hasta el ingreso al país de manera ilegal.

En entrevista con T13, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, reconoció un “nudo crítico” para llevar adelante las expulsiones administrativas y reveló que una mesa de trabajo discute actualmente “cómo podemos desarrollar un mecanismo que sea más eficiente con las expulsiones administrativas, porque son bastante más lentas que las otras y naturalmente requiere detener a la persona, tenerla en custodia”.

Revisa las declaraciones del subsecretario Aleuy

Aleuy señala que uno de los factores que hace más lenta la expulsión administrativa es que en ese caso "hay muchas apelaciones. Tenemos más dificultades".

Además, existe una complejidad adicional si el extranjero a expulsar no es de un país vecino. Esto pues, explica Aleuy, las normas internacionales obligan al Estado a "transportar en avión (al expulsado)” hacia su país de origen.“Las líneas aéreas exigen dos policías por expulsado, eso requiere una tramitación", agregó el subsecretario, apuntando a que dos efectivos policiales deben viajar con el expulsado.

El debate sobre las medidas para controlar la inmigración se reabrió hace algunas semanas, luego que Chile Vamos reflotara una serie de medidas para endurecer las políticas en esta materia.

Se apunta, por ejemplo, a establecer la expulsión del país como sustitución de pena para los extranjeros que residan legal o ilegalmente en Chile y que hubieran sido condenados por tribunales. La propuesta está contenida en un proyecto que fue enviado al Parlamento en noviembre de 2015.

Bolivia, Perú y Colombia encabezan expulsiones

Los mismos datos ubican a Bolivia como el país para el que se han decretado la mayor cantidad de expulsiones de sus ciudadanos. Se trata de 5.488 bolivianos, lo que corresponde a un 32,9% del total. Lo sigue Colombia con 5.110 expulsiones decretadas (30,6%), Perú con 2.573 (15,4%) y República Dominicana con 1.743 (10,4%).

Sin embargo, la situación es distinta al desglosar las cifras de las expulsiones efectuadas. En este ítem, Perú encabeza la lista con 1.788 expulsiones efectuadas de 2.573 decretadas, lo que equivale a un 69,4%. En otros casos, varios países superan los dos dígitos. Ecuador con 165 expulsiones efectuadas de 408 decretadas (40,4%), Argentina con 222 de 587 (37,8%), Bolivia con 2.068 de 5.488 (37,6%), Colombia con 1.243 de 5.110 (24,3%).

Mayor brecha: República Dominicana

Las cifras de República Dominicana son unas de las más llamativas: 130 expulsiones efectuadas de 1.743 decretadas. Vale decir, sólo el 7,4% de las decisiones de expulsiones se realizan realmente en el caso de ciudadanos de ese país.

Se trata de la mayor brecha entre el decreto de expulsión y su aplicación.

Esto, según dicen en el gobierno, tiene directa relación con los problemas descritos por Aleuy en torno a las expulsiones administrativas: apelaciones al decreto y luego la necesidad de acompañar al extranjero en vuelo hacia República Dominicana.

En este contexto, Aleuy señaló además que el gobierno estudia eliminar el requisito de visas para el ingreso de ciudadanos de ese país a Chile.

Fue el 1 de septiembre de 2012 -durante el gobierno de Sebastián Piñera- que la Cancillería definió pedir visa a los ciudadanos dominicanos que querían ingresar.

Aleuy planteó que “se agregó en el caso particular de los dominicanos el año 2012. La Cancillería el año 2012 exigió visa. No tengo una percepción nítida de por qué se hizo eso”.

La situación podría volver a cambiar para eliminar el visado. “Lo estamos evaluando con la Cancillería, naturalmente eso requiere un acuerdo con el país de origen”, afirmó el subsecretario del Interior.

Revisa el reportaje de Contacto sobre los ingresos ilegales a través de la frontera norte.