Un difícil camino para que esté operativo el 2017, como planea el Gobierno, espera al proyecto que permite la elección popular de intendentes. Tras ser despachada en diciembre pasado, el Ejecutivo ahora debe enviar al Congreso la Ley Orgánica Constitucional (LOC) que regulará los distintos alcances de la elección, incluida la fecha en que se realizará por primera vez.
Las negociaciones para presentar la LOC, sin embargo, se encuentran entrampadas -y también el objetivo del gobierno de concretar estos comicios en 2017- luego que se abriera un tenso debate entre diputados y senadores acerca de las inhabilidades para postular al cargo de gobernador regional, como se llamará ahora a los intendentes.
La idea que se evaluaba originalmente era permitir que los parlamentarios que quieran competir en la elección de autoridades regionales puedan permanecer en sus labores legislativas. Esto, a diferencia de los alcaldes, consejeros regionales y ministros, quienes para competir por un cargo de elección popular, deben salir de sus puestos con un año de anticipación.
El argumento para hacer la diferencia con los parlamentarios: de acuerdo a la ley, el cargo de congresista es irrenunciable.
Así, la mencionada alternativa había sido acordada por La Moneda con los partidos en privado. Sin embargo, tras recibir críticas públicas, la opción fue desechada por varios personeros, tanto oficialistas como de oposición.
En este contexto, el lunes pasado, en la reunión de comité político, los presidentes de partidos oficialistas plantearon una norma en el sentido contrario: derechamente, impulsar una inhabilidad, para que los parlamentarios no puedan competir por los cargos regionales.
Sin embargo, pocas horas después, varios diputados de la Nueva Mayoría levantaron una fórmula distinta: un permiso constitucional sin goce de sueldo ni asignaciones, para que, 90 días antes de la elección, el parlamentario que quiera competir deje su cargo.
Además, la propuesta incluye la posibilidad de que, en caso de ser derrotado, el legislador pueda volver a finalizar su período.
El diseño de los diputados, sin embargo, ha sido rechazado por los senadores.
En este cuadro, el Gobierno ahora despliega intensas gestiones con el oficialismo para salvar el proyecto y que la elección pueda realizarse por primera vez en noviembre de 2017, junto a las parlamentarias y presidenciales.
Igualdad de condiciones
En este polémico escenario, algunos diputados que habían manifestado públicamente su intención de competir en la elección de intendentes, hoy cambiaron de opinión.
Uno de ellos es el diputado Rodrigo González (PPD), ex alcalde de Viña del Mar, quien afirmó que “voy a considerar mi posible postulación cuando tengamos ley, porque estar haciendo predicciones antes no tiene mucho sentido”.
Su par de la DC, Iván Flores, que también tenía interés en competir en la elección de autoridades regionales, planteó que “así como están las cosas no (postularé). Las elecciones tomadas a la carrera para acomodar eventuales candidaturas no me gustan”. El diputado añadió que “sigo pensando en reelegirme como parlamentario, es una decisión tomada”.
Disputa con senadores
La idea de permitir de manera excepcional un permiso para que los parlamentarios dejen sus cargos y compitan para ser gobernadores regionales genera el rechazo de distintos senadores, lo que tensiona el debate con los diputados.
Fue en ese contexto que Fidel Espinoza (PS), quien aspira a ser candidato a intendente, cuestionó en duros términos a los senadores.
“Hay una mayoría oculta en el Senado que no ve el ámbito de la descentralización y potenciar las regiones, sino que lo ven como una amenaza para ellos como senadores”, afirmó Espinoza.
En la Cámara Baja, en privado, algunos apuntaban a que el rechazo de los senadores a la fórmula para viabilizar que diputados compitan por el cargo de intendente tiene también un componente "electoral": evitar el surgimiento de otra figura que pueda, eventualmente, pelear el cupo senatorial de la zona.
