Por Juan Pablo Figueroa
El primer contrato que firmó Carlos Richter (RN) para desempeñarse como funcionario a honorarios en Cerro Navia decía que sus labores comenzaban el 1 de julio de 2011, tan sólo días después de haber apoyado con su voto -como concejal en Maipú- la adjudicación a KDM de una millonaria y cuestionada licitación para la disposición de la basura en esa comuna.
Un proceso que el Ministerio Público investiga por el supuesto pago de coimas y donde él es uno de los principales acusados. La Fiscalía ha caracterizado el cuadro como una "asociación ilícita" que se articuló en Maipú y Cerro Navia para favorecer a KDM y otras empresas en distintas licitaciones, por lo cual Richter ya fue formalizado por cohecho, fraude al fisco y malversación de caudales públicos.
La investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente estableció que los pagos para los miembros de esa supuesta organización criminal provenían de dos fuentes distintas. Por un lado está el dinero en efectivo que habrían entregado empresas interesadas para asegurar los votos a su favor en los concejos municipales de ambas comunas. Por el otro, mediante pagos con fondos municipales que se habrían justificado con contratos a honorarios por servicios inexistentes. Ese sería el caso de los contratos de Richter en Cerro Navia.
La Fiscalía indaga contratos similares también en la municipalidad de Colina: la actual administradora municipal de Cerro Navia, Marcela Morales, y el jefe de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) del mismo municipio, César Vidal, fueron contratados en esa comuna por trabajos de los cuales no habría ningún registro de haber sido ejecutados.
¿Cómo se conectan esos contratos con el caso Basura en Cerro Navia y Maipú? Morales ha sido identificada por el Ministerio Público como mano derecha y testaferro de Marcelo Torres (RN), concejal de Maipú y ex administrador municipal de Cerro Navia, sindicado por la Fiscalía como líder de lo que calificado como "asociación ilícita". A Vidal, en tanto, lo definen como uno de los integrantes del círculo cercano de Torres y parte de la cúpula de funcionarios que toman las decisiones importantes en Cerro Navia.
Es por esos contratos que, a fines de septiembre, la Fiscalía solicitó la formalización del alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI) -quien compite por la reelección- junto a otras dos funcionarias municipales. Se los acusa de defraudar al Fisco.
En este contexto, T13 tuvo acceso a un documento hasta ahora desconocido que podría establecer un nuevo vínculo entre la municipalidad de Colina y el Caso Basura.
Se trata de un contrato a honorarios que firmaron el alcalde de Colina y Carlos Richter el 26 de julio de 2011, similar a los que el concejal de Maipú firmó en Cerro Navia y que ya le han significado siete cargos por malversación de fondos públicos.
El vínculo laboral de Richter con Colina duró sólo tres meses, y al igual que los de Marcela Morales y César Vidal, se enmarcó en el Programa Comunal de Empleo, cuyo fin era contratar personal a honorarios para las direcciones municipales que lo requirieran.
En los tres casos, la correcta realización de los trabajos debía ser visada por la Dideco de Colina, departamento que en ese entonces era dirigido por Isabel Valenzuela, actual directora de la Corporación Municipal de Deportes. Ella visó los pagos por los trabajos no realizados, según ratificó un sumario administrativo de la Contraloría. Es por eso que la fiscalía también pidió formalizarla.
REVISA EL CONTRATO ENTRE RICHTER Y LA MUNICIPALIDAD DE COLINA
Contratos paralelos
Si Carlos Richter llegó a convertirse a mediados de 2011 en empleado a honorarios de Cerro Navia, fue por gestión directa del entonces administrador municipal de esa comuna, Marcelo Torres. Ambos eran desde 2008 concejales en Maipú, por lo que ya eran conocidos. Lo mismo pasó con el otro concejal de Maipú que Torres llevó a Cerro Navia durante 2011: el actual alcalde y candidato a la reelección, Christian Vittori (ex DC).
Respecto a esos contratos, el ex jefe de Dideco de Cerro Navia, Alberto Lastra, declaró a la fiscalía: “A petición de Marcelo Torres y Luis Plaza, tenía que contratarlos por supuestas asesorías y trabajos para los que claramente estas personas no tenían ni la experticia ni los estudios para realizarlas. Sin embargo, confeccionaban informes falsos, los que me obligaban a visar mensualmente para pagarles los sueldos a honorarios”.
A Vittori, cuyo contrato en Cerro Navia estuvo vigente entre enero y agosto de 2011, le pagaban $1.112.000. A Richter, le cancelaban la mitad de ese monto: $555.555. Por el contrato en Colina, en tanto, recibía $555.556.
Los contratos de Richter en ambas comunas operaron de forma simultánea, aunque con un mes de desfase. En Cerro Navia comenzó en julio de 2011, mientras que en Colina lo hizo en agosto. En los dos casos, el vínculo se extendía por tres meses y por el mismo monto bruto, que sumados equiparaban el pago que recibía Vittori. La diferencia estaba sólo en los detalles del servicio contratado.
El contrato de Cerro Navia encomendaba a Richter una tarea específica: “Elaborar planes de desarrollo territorial en conjunto con equipos multidisciplinarios y comunidad, que permitan la construcción de un modelo de planificación territorial que contribuya a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comuna”. Esa es la labor que, según Lastra, el ex Concejal de Maipú no habría realizado.
El de Colina, en cambio, sólo establecía que se le contrataba como “apoyo administrativo a organizaciones comunitarias”, que se trataba de un trabajo “transitorio y no habitual que debe ser realizado por un experto” y que el pago de los honorarios quedaba supeditado a la entrega de una boleta de honorarios y de un informe de avance de trabajos que debía presentar a Dideco al término del contrato.
Otra diferencia es que transcurridos los tres meses, en Cerro Navia se le renovó el contrato a Carlos Richter en repetidas oportunidades, manteniendo vigente el vínculo laboral hasta fines de 2014, llegando a cancelarle más de $17 millones. En Colina, en cambio, no se renovó, por lo que sólo alcanzó a cobrar poco más de $1,6 millones.
Audiencia de formalización en entredicho
Los contratos a personal de Cerro Navia por trabajos no realizados en Colina, según declaró Lastra en la fiscalía, habrían servido para justificar ingresos irregulares.
“Recuerdo que Marcelo (Torres) me indicó que, para justificar lo que tienen, habían creado contratos con otras municipalidades, para así generar más ingresos. Me dio como ejemplo el contrato de Marcela (Morales) con la municipalidad de Colina”, aseguró Lastra a la fiscal Tania Mora.
Fueron los contratos de Morales y de César Vidal los que motivaron a la fiscalía a solicitar el pasado 29 de septiembre, ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, la formalización por fraude al fisco del alcalde Mario Olavarría y de otras dos funcionarias de Colina: Isabel Valenzuela y Jessica Severino, ex Dideco y ex Secplan, respectivamente. Junto a ello, los fiscales pidieron reformalizar a Morales y a Vidal.
Un procedimiento que hoy, casi dos semanas después, no es seguro que se realice.
La jueza titular del tribunal, María Inés Lausen, no quedó convencida de que tuviera competencia para acceder a las formalizaciones solicitadas, ya que Colina está fuera de su jurisdicción. Algo que la defensa de Olavarría aprovechó de inmediato para solicitar la incompetencia del tribunal y así evitar que su cliente, el actual candidato a un quinto período consecutivo a la alcaldía de Colina, se tenga que sentar en el banquillo de los acusados. Por eso la jueza pidió a los fiscales que aclararan su acusación.
En el escrito que enviaron un día después al tribunal, los fiscales justificaron su solicitud en que los delitos imputados tienen directa relación con hechos ya formalizados en agosto de 2015, en el marco de una investigación originada en las licitaciones para la recolección y disposición de la basura realizadas en Maipú.
A pesar de ello, no hay claridad todavía sobre dónde o cuándo se realizará la audiencia de formalización de Olavarría, quien sería entonces el tercer alcalde acusado formalmente en el marco del caso Basura.
El tribunal fijó una audiencia para el próximo jueves 3 de noviembre por la mañana, donde se discutirá la competencia del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago. Aunque el Ministerio Público ya solicitó que se adelante la fecha de la audiencia, dicha petición no ha sido resuelta.
