Por Lorena Ferraro y Phillip Durán
El pasado 20 de diciembre estalló un nuevo caso de colusión, cuando se reveló que la CMPC reconoció ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) -acogiéndose a delación compensada- haberse coludido con Kimberly Clark en los precios de los pañales.
El caso de colusión, que se suma al del papel tissue, activó las alarmas del Ministerio Público.
Hace solo cinco meses, en julio pasado, el Congreso había despachado la nueva ley anticolusión para fortalecer la libre competencia, estableciendo penas de cárcel para dichos delitos. En concreto, quienes infrinjan la norma arriesgan penas de entre 3 años y un día a 10 años de cárcel. Y se asegura, al menos, un año de presidio efectivo.
La ley no estuvo exenta de debate: el texto despachado por el Congreso dejó exclusivamente en manos de la Fiscalía Nacional Económica la facultad de iniciar una investigación penal por medio de una querella, excluyendo al Ministerio Público de dicha atribución.
Vale decir, sin una querella de la FNE, no es posible una investigación de la Fiscalía sobre casos de colusión.
En ese momento, el Ministerio Público, al mando de Jorge Abbott, se opuso a que la norma quedara de esa manera. Meses antes, de hecho, en el marco del caso de colusión del papel confort, Abbott había perdido una batalla ante la Fiscalía Nacional Económica en el Tribunal Constitucional, quien le negó acceso a los antecedentes del caso.
Así, tras el destape de la colusión en el mercado de los pañales, el fiscal nacional Jorge Abbott inició una ofensiva calificando como un "error" la norma anticolusión.
Pese a que la ley fue despachada hace sólo cinco meses, los reclamos del Ministerio Público tuvieron efectos en el Congreso. Esto pues la semana pasada, el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS), el DC Aldo Cornejo y el diputado comunista Lautaro Carmona, presentaron un proyecto de ley que plantea "eliminar la restricción que se impone para la persecución penal del delito de colusión, en orden a exigir querella del Fiscal Nacional Económico como requisito de procesabilidad para la persecución del delito de colusión".
El texto recoge buena parte de los argumentos que el propio Ministerio Público ha expuesto para intentar revertir la normativa.
En específico, la moción hace referencia a una serie de oficios remitidos por Abbott al Congreso mientras se discutía la ley y en los que se plantea, por ejemplo, que la exigencia de presentación de una querella por parte de la FNE "altera de manera más llamativa la reglas del Derecho Público chileno, al entregar la determinación de la aplicabilidad o inaplicabilidad de una norma legal a la decisión discrecional de una autoridad administrativa".
El proyecto también nombra oficios enviados por el antecesor de Abbott, Sabas Chahuán, en la misma dirección.
Así, en el proyecto de ley, los diputados plantean que es "necesario recoger la propuesta efectuada en su oportunidad por el Ministerio Público, con modificaciones menores que no alteran el fondo", por lo que proponen que las investigaciones puedan "iniciarse de oficio por el Ministerio Público o por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica, sin que sea admisible denuncia o cualquier otra querella".
En la votación en el Congreso, Andrade, Cornejo y Carmona votaron en contra el artículo que dejaba sin atribuciones al Ministerio Público para iniciar causas penales por casos de colusión. Dicha propuesta fue incluida por el Senado y rechazada por la Cámara Baja.
