Fue el propio fiscal nacional, Jorge Abbott, quien se desmarcó de la estrategia del gobierno en la querella por la quema de una iglesia evangélica en 2016. Con los cuatro imputados en huelga de hambre, el Ejecutivo optó por retirar la ley antiterrorista de la querella y logró que tres depusieran la medida de presión.
Este jueves en T13 AM, el jefe del Ministerio Público confirmó que por su parte continuarán invocando dicha legislación argumentando que "el Ministerio Público se rige por un principio fundamental que es el de legalidad y si uno analiza la conducta realizada por los comuneros, se encuadran perfectamente en el artículo 1º y 21 de la ley antiterrorista. En consecuencia lo que le corresponde al Ministerio Público es aplicar la ley...no va a cambiar su calificación ni su convicción".
"Se trata de acciones que están destinadas a generar temor en la población o en un sector de la misma, que están orientadas fundamentalmente a obtener resoluciones de la autoridad, a inhibir decisiones de la autoridad... pensamos que nos encontramos a la hipótesis que la ley establece", añadió.
Sobre la decisión del gobierno, Abbott enfatizó que "lo que hagan otros intervinientes no resulta vinculatorio para el Ministerio Público".
Posteriormente, el fiscal dijo que la ley antiterrorista "es una ley vigente en Chile y es obligación para el MP aplicarla. Lo que procede es que las personas no incurran en ese tipo de conductas si no quieren que se les aplique una normativa que está actualmente vigente".
