Investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP) y de distintas universidades del país elaboraron un estudio llamado "Estimaciones del Costo Fiscal Directo de la Propuesta de Nueva Constitución".
El documento fue elaborado por académicos distintos planteles universitarios: Andrea Bentancor (U. de Talca) Claudia Martínez (PUC), el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés (PUC) y el ex presidente de Banco Estado, Guillermo Larraín (U. de Chile).
Sumados a ellos, se suman los investigadores del CEP, Gabriel Ugarte y el ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara.
El trabajo tiene como propósito estimar el costo fiscal incremental directo que implicaría la implementación de la propuesta de nueva Constitución que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre.
Los autores destacan que el estudio tiene como propósito "proporcionar información de utilidad para personas que requieren más elementos a la hora de decidir su voto" junto con el análisis del gasto público que se podría producir en el país de los próximos años.
En este punto, valoran que en el borrador de la propuesta constitucional se haya incluido el artículo 132, que indica que "las finanzas públicas se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles".
En cuanto a la metodología del estudio, destacan que es similar a la usada cuando se estiman las implicancias fiscales de un proyecto de ley a través de informes financieros o cuando se estiman los costos de un programa presidencial.
Del mismo modo, advierten que "nuestra estimación supone la aplicación plena de la propuesta de Nueva Constitución. Esto significa, por ejemplo, que asumimos que los derechos que se establecen en ella son todos plenamente satisfechos".
Los costos de la propuesta
El estudio plantea dos escenarios base para proyectar el gasto: uno más bajo, donde se es más conservador en materia de provisión de servicios y gastos, y otro escenario de gasto alto.
En este contexto, en un escenario bajo, se plantea que el costo total anual de la implementación de la nueva Constitución será de 8,9% del Producto Interno Bruto, del cual un 7,1% será un costo en régimen y otro 1,8% corresponderá a costos por ajuste de stock en 10 años.
Por otra parte, en un escenario de gasto alto, el costo total anual será de 11,4% del PIB, que consistirá en un 11,4% que se desembolsará en régimen sumado a otro 2,7% en ajusto de stock.
Gasto por sector
El documento también detalla la estimación de la inversión por cada uno de los principales sectores que aborda la propuesta constitucional.
Es así, que el mayor costo total anual se lo llevará la materia de protección social, la que corresponderá a un 4,48% en un escenario de gasto bajo y a un 7.25% en un escenario alto.
En segundo lugar, se encuentra el ámbito de Salud, sobre el que se estima un gasto de 1,89% en un escenario de desembolso bajo y un 2,75% en uno alto.
En tercer lugar, está Educación, sobre la que se contempla un desembolso múnimo de 0,81% del PIB y uno máximo de 1,40%.
Por otra parte, los sectores que implicarían un menor costo son "asuntos económicos", con un 0,04% bajo un gasto bajo y 0,05% en uno alto.
A continuación viene protección del medioambiente, con un 0,15% de gasto en un escenario bajo y 0,29% en uno alto. Finalmente, se encuentra actividades recreativas, cultural y religión, con un 0,14% bajo un gasto bajo y un 0,29% en el alto.
