El tema se ha conversado en varias oportunidades al interior de Chile Vamos. Eso afirman diputados de la UDI quienes decidieron presentar este martes un proyecto de ley que concrete la idea.
Se trata de eliminar la opción Convención Constitucional -más conocida como Asamblea Constituyente- de la segunda pregunta que se contempla para el plebiscito del 25 de octubre, instancia que busca zanjar si la ciudadanía aprueba o rechaza una nueva Constitución.
Según lo estipulado de manera transversal en el histórico acuerdo del 15 de noviembre de 2019, las personas pueden elegir entre una instancia 100% electa que redacte una nueva Constitución, o bien, por una instancia mixta, integrada por personas electas exclusivamente para este fin y parlamentarios que asumirán en 2022.
A principios de junio ya se había instalado un planteamiento en la centroderecha: eliminar el plebiscito e ir directo a la elección de constituyentes. Sin embargo, la idea no tuvo piso político.
Ahora, a menos de 100 días para el plebiscito, la UDI -partido que en su mayoría está por el Rechazo- vuelve a poner el tema sobre la mesa con una principal razón: el cambio de contexto, dicen, ante la crisis económica que ha dejado la pandemia del coronavirus hace “injustificable” que en 2022 haya una suerte de “dos congresos” paralelos generando gastos públicos.
“La Convención Constituyente será conformada por 155 personas, los mismos del Congreso actual, entonces, la pregunta es: por qué no dejamos que el próximo Congreso sea el Constituyente en caso de que el Apruebo gane la elección. Nos parece que la ciudadanía no va a compartir que existan dos congresos funcionando en paralelo, con financiamiento propio, con contratación de asesores, con dietas parlamentarias. Si gana el Apruebo, somos partidarios de que la gente elija entre una Convención mixta y un Congreso Constituyente, sobre todo porque las formas de elección de ambos son iguales: mismo número, mismo sistema electoral, mismas listas partidarias”, afirma a T13.CL el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma, miembro de la comisión de Constitución de la Cámara Baja.
Por su parte, el vicepresidente de la UDI, diputado Juan Manuel Fuenzalida, sostiene que “el costo del proceso constituyente equivale a más de 1.600 respiradores; a más de 600 mil puestos de trabajo por seis meses, de empleo permanente. Además, se adiciona un costo altísimo de casi 4.500 millones de pesos mensuales en un año, en medio de las consecuencias de la pandemia”.
Consultados si es que la idea suscitará apoyo en RN o incluso en Evópoli, el diputado Fuenzalida dice que “hay varios parlamentarios de Renovación Nacional que piensan que hoy, dada la situación, los recursos públicos se tienen que destinar para lo que es realmente necesario”.
¿Qué dice el proyecto de ley?
El proyecto de ley -que será ingresado por medio de una reforma constitucional, al que tuvo acceso T13.CL- consta de cinco páginas, en las que se realiza un análisis de los gastos que significaría una Convención Constitucional.
Así, primero, los diputados dan cuenta del cambio de contexto en medio de la pandemia y que, ahora, agregan, los expertos han consignado que esta crisis económica no será breve. Por eso, se sostiene en el texto que “se vuelve necesario hacer una revisión total al presupuesto de la nación, a fin de reasignar recursos y lograr un gasto fiscal eficiente”.
“El presente proyecto de reforma busca generar un ahorro fiscal, modificando las opciones de órganos que puedan redactar la nueva Constitución, reemplazando la alternativa Convención Constitucional por la de Congreso Nacional, a fin de que sea la ciudadanía quien tome dicha decisión”, afirman.
Asimismo, consignan que “la comisión técnica estableció que los integrantes de la Convención Constitucional tendrán una remuneración de $2.513.600 (50 UTM), cuestión que multiplicada por las 155 personas que deberán resultar electas, se traduce en un gasto superior a las 4.500 millones de pesos en remuneraciones, si el funcionamiento de la convención se extiende por doce meses”.
Finalmente, los diputados enfatizan en que el presente proyecto de reforma constitucional “no busca desconocer los acuerdos alcanzados por los distintos partidos políticos sino perfeccionar y adecuar el mismo, puesto que las condiciones fácticas que hoy rodean al plebiscito son diametralmente distintas a las que se encontraban vigentes en el año 2019. De esta forma, se busca entregar a la ciudadanía la posibilidad de elegir, de forma democrática, el órgano redactor de la nueva Constitución”.
