Una "falla institucional" y un "efecto político" fueron parte de los elementos que ocasionaron el rechazo al proyecto hidroeléctrico, y la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), acusó este martes HidroAysén.
Así lo aseguró la defensa de la compañía en la audiencia en que el Tribunal Ambiental de Santiago comenzó a revisar las reclamaciones presentadas contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). La empresa presentó dos recursos, el primero contra la resolución que invalidó los acuerdos del Comité de Ministros de enero de 2014, el que fue analizado en esta primera jornada.
El abogado de HidroAysén, Mario Galindo, aseguró que lo que ha llevado al escenario actual es una "falla institucional". "Ha sido el sistema el que ha fallado", recalcó y detalló que desde que se dedujeron los recursos hasta la primera señal de enero de 2014, pasaron tres años. "Tres años en que no pasó nada, no se movió un papel", agregó.
Ha sido el sistema el que ha fallado
Al respecto, explicó que esto "no se le atribuimos a un gobierno específico", y sostuvo que falló tanto el Comité de Ministros de enero de 2014, que resolvió sólo algunas reclamaciones, así como el del 19 de marzo de 2014, cuando se decidió invalidar, por razones que calificó como "improcedentes", lo poco que se había avanzado.
A juicio del profesional, la demora en la resolución tuvo un "efecto político y no jurídico", ya que tras el retraso terminó transformándose en un "tema de campaña": "Cuando se transforma la decisión sobre un proyecto de esta naturaleza en un tema político, la resolución no va a ser nunca puramente jurídica ni técnica. Eso es lo que nos tiene hoy día ante vuestra ilustre señoría".
Asimismo, aseguró que esto terminó siendo un tema de "consecuencia política", ejemplificando las declaraciones dadas por Michelle Bachelet como candidata o algunos de sus ministros, quienes señalaron que el proyecto como estaba era "inviable". "La presidenta de la República tiene consecuencia política y cumplió su palabra. No hacía falta un llamado telefónico al Comité de Ministros, como algunos llamados de triste recuerdo en otras administraciones, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y lo hicieron", explicó.
La presidenta tiene consecuencia política y cumplió su palabra. No hacía falta un llamado telefónico al Comité de Ministros
Por lo que resaltó que "eso no es una resolución técnica ni jurídica, es un tema de coherencia política".
Desde el punto de vista jurídico, Galindo aseguró que se ejerció una facultad que estaba agotada, y precisó que la tesis en función de la cual se dispuso la invalidación es "errónea" y "no tiene sustento en la ley". Y afirmó que sólo hay un órgano que cumplió sus funciones, que fue la Corte Suprema, la que aseguró que la RCA se ajustaba "plenamente a derecho".
La defensa del SEA
Por su parte, el abogado del SEA, Carlos Sepúlveda, aseguró que "no es efectivo que la institucionalidad ambiental haya fallado" al resolver las 35 reclamaciones. "HidroAysén no se hizo cargo de los impactos que genera en el medio ambiente", destacó, y afirmó que ésta no entregó información relevante al respecto.
Descartemos las arbitrariedades políticas que HidroAysén livianamente hace presente en este tribunal
En ese sentido, apuntó que "resulta paradójico que impute una voluntad política" y señaló al tribunal que "los invito a que ustedes revisen la Resolución de Calificación Ambiental 225, a que revisen el procedimiento de evaluación ambiental, el informe consolidado de evaluación, y van poder verificar como la Resolución de Calificación Ambiental 225 incurrió en un vicio de antijuridicidad al haber calificado favorablemente el proyecto".
Asimismo, instó a revisar la Resolución 570 (sobre la cual se presentó la reclamación) para que "vean la motivación técnica y jurídica que tiene respecto a los motivos de rechazo", y para que "descartemos las arbitrariedades políticas que HidroAysén livianamente hace presente en este tribunal".
Los antecedentes
En marzo de 2014, el Comité de Ministros del entonces recién asumido gobierno de la presidenta Michelle Bachelet resolvió dejar sin efectos los acuerdos del Comité de Ministros del 30 de enero que había resuelto parcialmente los recursos de reclamación, y fijó un plazo de 60 días para resolver la totalidad de las reclamaciones.
Tras esto, en junio el comité volvió a reunirse, y determinó acoger las reclamaciones y rechazar por unanimidad el proyecto, con lo que resolvió dejar sin efectos la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Ante esta situación, la empresa reclamó contra dicha resolución, recurso que fue acogido el 13 de agosto pasado por el Tribunal Ambiental de Santiago. Posteriormente, en Valdivia reclamó contra la resolución del director ejecutivo del SEA que le quitó la calificación ambiental favorable al proyecto, lo que fue acogido el 26 de agosto por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.
Luego de esto, la compañía solicitó unificar las causas en el Tribunal de Santiago, lo que fue rechazado por el Tribunal de Valdivia, que planteó una contienda de competencia, lo que fue desestimado finalmente por la primera sala de la Corte Suprema, que ordenó que se debía seguir en Santiago con la tramitación de los recursos de reclamación.
Este martes comenzó la audiencia de revisión de las reclamaciones, y dado que son dos recursos, el Tribunal determinó que en esta jornada fuese visto el primero, mientras que el segundo será analizado el próximo jueves 14 de mayo.
