Cistián Rivas N.
Las aguas están revueltas en la relación del principal transmisor eléctrico del país y las autoridades regulatorias. El 20 de septiembre pasado, Transelec interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra del Ministerio de Energía y el Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC-SIC), buscando revertir la decisión de esta última de aplicar una multa de US$ 1,8 millones por el atraso que tuvo la entrada en operación de la línea Nogales-Polpaico, que ya cumple cinco años de funcionamiento.
El abogado Arturo Le Blanc, vicepresidente de asuntos jurídicos y fiscal de Transelec —firma controlada por la canadiense Brookfield Asset Management— cuenta en el escrito que la multa cursada el pasado 14 de septiembre es improcedente, primero porque el CDEC-SIC no cuenta con atribuciones legales para imponer castigos de esta naturaleza, pero sobre todo, porque la compañía envió entre agosto de 2009 y noviembre de 2011 una serie de cartas al ministerio de Economía (que en ese entonces dirigía estas materias) y luego al Ministerio de Energía, explicando las razones del por qué era necesaria una extensión de los plazos.
Lo primero que advierte en estas comunicaciones es que parte de los cuatro hitos incluidos en el proceso de licitación —órdenes de compra de suministros, aprobación ambiental, construcción del 50% y entrada en operación— no serían posibles de cumplir por una serie de razones, entre ellas, que la adjudicación que debía haber sido cursada el 22 de marzo de 2008, finalmente fue publicada en el Diario Oficial el 16 de junio de ese año, tres meses después.
En otras de las cartas sostiene que debió proceder a realizar cambios en los trazados que había establecido la licitación original para no afectar a comunidades y que además, se enfrentaron dificultades con el terremoto de 2010, que sorprendió a la firma y sus contratistas en plena obra.
“Mi representada nunca recibió respuesta alguna que se pronunciara en forma medianamente sustantiva frente a tales solicitudes, a pesar de la reiteración de las mismas en diversas ocasiones, situación que simplemente se mantiene hasta la fecha”, dice el relato del recurso, definiendo el actuar de la autoridad como de “inacción total”.
De hecho, la compañía plantea que el único atisbo de respuesta lo recibió el 29 de diciembre de 2011 de parte del Ministerio de Energía, en la que simplemente indicó que dicha secretaría de Estado “se encuentra analizando las referidas solicitudes, atendidos los fundamentos de hecho y de Derecho contemplados en dichas comunicaciones”. Nada más.
Transelec relata que la licitación original fijaba el plazo de entrada en operación en abril de 2010, pero por todos los inconvenientes la nueva línea comenzó a operar finalmente en noviembre de 2011.
El cobro de la garantía
Así, tras casi cinco años de operación en el que no se conoció de ninguna investigación, la firma relata que se enteró informalmente que en mayo pasado el Ministerio de Energía solicitó información al CDEC-SIC respecto a si se habían incumplido plazos en la construcción y entrada en operación de la línea.
“Habiendo sido informada de lo anterior, mi representada responsablemente volvió a enviar una carta al Ministerio de Energía, con fecha 10 de junio de 2016, indicándole que sobre la materia existían presentaciones fundadas de la empresa pendientes de respuesta… El ministerio tampoco se pronunció”, relata Le Blanc en el escrito. Y alega que acto seguido, la autoridad dio curso al cobro de las boletas de garantía que aseguraban el cumplimiento de los últimos dos hitos y que sumaban US$ 3 millones.
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso y decretó una orden de no innovar, lo que implica que el CDEC-SIC no puede avanzar en el cobro de la multa fijada hasta que el caso se resuelva. Junto a lo anterior, el tribunal pidió informes a las autoridades que dirigen hoy el Ministerio de Energía (Máximo Pacheco), la jefa de servicio de dicha cartera (Jimena Jara) y el director del CDEC-SIC (Sergi Jordana de Buen).
Este martes, tanto el ministerio como el CDEC-SIC entregaron respuestas al tribunal. El escrito de 17 páginas firmado por el ministro Máximo Pacheco, sostiene que el recurso fue presentado fuera del plazo establecido y pide al tribunal que se le rechace por extemporáneo.
El ministerio reconoce la serie de consultas planteadas por Transelec entre 2009 y 2011, no obstante, sostiene que “las autoridades de esta secretaría de Estado determinaron que las presentaciones de la empresa no tenían el mérito suficiente para justificar la modificación de los plazos establecidos (en la adjudicación), por lo que aquellas presentaciones fueron desestimadas”. La autoridad dice que el cobro de las boletas de garantía en junio, deja en evidencia que la compañía conocía desde hace tres meses que se aplicarían las multas por incumplimiento “por lo que el presente recurso resulta absolutamente extemporáneo”.
