Es sin duda el nuevo dolor de cabeza que enfrenta el Ejecutivo. De hecho, en Palacio algunos vaticinan que podría ocurrir algo similar a lo que se vivió con el proyecto de servicios básicos, o con el retiro del del 10% de los fondos previsionales, donde finalmente varios parlamentarios oficialistas terminaron cuadrándose con la oposición. Tanto así, que el proyecto que busca suspender el cobro de créditos -incluidos los hipotecarios, de consumo y avances en efectivo con tarjetas de crédito- fue una fusión de mociones parlamentarias, incluida una que nació entre diputados oficialistas, y que la semana pasada casi el total de la Cámara votó a favor.
En lo medular, la iniciativa propone que las personas puedan suspender el pago de seis cuotas de estas obligaciones y pagarlas al final de modo de darles cierto alivio en estos tiempos de crisis.
El tema lleva varios meses discutiéndose en el Congreso, con la resistencia de La Moneda, la Comisión para el Mercado Financiero y los bancos. Esgrimen variadas razones para el rechazo: algunos consideran que es inconstitucional, porque afecta el derecho a propiedad de la banca, porque los expone a falta de liquidez o a que la gente retire sus platas por miedo a que las instituciones pierdan solvencia, y porque se corre peligro de que los bancos no puedan elegir a quien prestar la plata de acuerdo a sus evaluaciones de riesgos. También plantean que el plan de los parlamentarios tiene problemas de forma: porque no establecería con claridad el pago de intereses y reajustes, lo que consideran “muy peligroso”.
La arremetida del gobierno
El mismo día que la sala aprobó el proyecto, el Ejecutivo introdujo una indicación sustitutiva, y este lunes agregó otra, que modifica articulo por artículo la iniciativa, lo que para algunos parlamentarios –incluso oficialistas- fue leído como “una anticipación a lo que podría significar el temor de La Moneda a que les rechacen por completo su plan”.
Los parlamentarios se resisten a la propuesta del gobierno que establece la opción de suspensión solo para los créditos hipotecarios, y no obliga a los bancos a suspender las cuotas, sino que introduce la voluntariedad, algo esencial para la mayor parte de los diputados. “La crisis golpea a las familias en los créditos de consumo, especialmente con el retail. La indicación del gobierno se limita a las hipotecas y desconoce el problema del sobreendeudamiento de consumo”, afirma el diputado Renato Garín.
El rechazo a las indicaciones del gobierno, no solo llega desde la oposición, sino que varios diputados oficialistas señalan que el gobierno se ha mostrado demasiado errático con estos cambios de último minuto, y poniéndose del lado de las instituciones financieras, toda vez que establecen la voluntariedad.
En ojos del diputado Joaquín Lavín en esta discusión “al igual que el 10%, se ha metido mucho ruido con el tema de la inestabilidad financiera, pero ya no confiamos a ojos cerrados en esos argumentos. Creo que es importante que no haya voluntariedad de los bancos, porque de lo contrario va a pasar que mucha gente tal como ha ocurrido con los créditos fogape va a quedar fuera".
La tramitación se ve sumamente compleja. Este lunes, la comisión deEconomía, que debe votar en esta jornada el proyecto hasta su total despacho, ni siquiera permitió que los subsecretarios Juan Jose Ossa y Francisco Moreno, ingresaran al debate a explicar la iniciativa. Es más: el diputado Jaime Naranjo indicó que no aceptaba que ingresen “funcionarios de segunda o tercera categoría”, en alusión a la molestia que imperó en la mesa de que los ministros de Economía Lucas Palacios, y el de Hacienda Ignacio Briones hubiesen cancelado su intervención en la comisión.
“Confiamos en que nuestra indicación prospere. Permite que esta ley salga adelante, que no tenga vicios de inconstitucionalidad y habrá un mecanismo con garantías e incentivos para que las instituciones financieras acuerden estos planes, en una fórmula que además protege a los ahorrantes, no solo a los titulares de créditos”, dice el subsecretario Ossa.
Esto en alusión a que el plan del gobierno incluye los hipotecarios a los créditos fogape, para que estos también tengan garantía estatal, lo que según fuentes de Palacio sería un incentivo para que los bancos repacten con sus clientes. Pero los parlamentarios afirman que eso es “no ver la realidad”, porque ha quedado claro que para un mundo importante, incluidas empresas de menor tamaño, y el rubro gastronómico, no ha podido acceder a esos recursos hasta ahora. Esa es la mayor preocupación entre los diputados que apuestan que la indicación sustitutiva será rechazada este martes.
