Por Sandra Burgos
En una carta de 10 páginas, el gerente general de la empresa de transporte público Subus, Andrés F. Ocampo, respondió a los cuestionamientos que les ha hecho en las últimas semanas el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, en distintas declaraciones a la prensa y también ante el Congreso.
La empresa, envió el pasado 28 de junio una misiva con copia a diversas autoridades en La Moneda, en la cual busca aclarar las distintas acusaciones que ha hecho el ministro de Transportes, respecto al servicio que entrega la empresa, así como el cumplimiento de los contratos.
Con esa carta quedan en evidencia los duros términos que Andrés F. Ocampo usará hoy en contra de la autoridad de transportes, cuando exponga ante la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados.
Además deja claro que los vínculos con la autoridad están cortados, lo cual acrecienta la instancia de agilizar el proceso de demanda contra el Estado de Chile ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial).
Aclaran las acusaciones del ministro
Dados los fuertes cuestionamientos de parte del ministro de Transportes, Subus decidió aclarar uno a uno los puntos. De hecho, parte la misiva señalando que desde el inicio del Transantiago, ha actuado en forma diligente y de buena fe, “siendo uno de los pocos concesionarios que construyó terminales a estándar internacional, el único que cumplió durante el año de implementación con la normativa vigente relacionada con el uso de cobradores automáticos, puso torniquetes en todos los buses para controlar la evasión e hizo aportes de capital de más del doble de lo requerido por las Bases”.
En este último sentido, el operador de Transantiago, que inició un proceso de reorganización judicial tras caer en cesación de pagos, señala que ha invertido casi cinco veces lo que demandaba el contrato de concesión.
“El capital requerido era de US$ 15 millones y los aportes de los accionistas suman US$ 33 millones. Adicionalmente, entre los años 2012 y 2015 los accionistas hicieron aportes en calidad de préstamos por más de US$ 40 millones. Si se tienen en cuenta los aportes totales de los accionistas, tenemos que han aportado 5 veces lo mínimo requerido por las bases de licitación”, argumentan en la carta.
Asimismo, señalan que la infraestructura de Transantiago es deficiente y que está muy lejos de lo que ofrecieron las autoridades.
A su juicio, eso trae aparejado una disminución de las velocidades de desplazamiento de los buses, aumento de costos de los operadores, una mala calidad de servicio, escasez de buses y de conductores, todo lo cual ha derivado en evasión y vandalismo, llegando incluso a la destrucción de buses.
Informe forense
También la firma de capitales colombianos argumenta que el Ministerio encargó a la firma Deloitte, una auditoría forense, financiera, analytics y operacional. Señalan que junto a Dictuc analizaron y auditaron la empresa tanto en sus procesos internos como en terreno.
De ese informe dependía la voluntad de abrir una mesa de conversación entre autoridad y empresa, si el informe arrojaba que no hubo malos manejos de fondos.
Subus señala que el informe reflejaría que la crítica situación financiera en la que se encuentra la compañía se debe a cuestiones eminentemente estructurales y no a la gestión de la administración por parte de la empresa.
“Para zanjar transparentemente este punto, instamos al señor Ministro a que dé a conocer públicamente el resultado del Analytics Report o modelo económico efectuado por Deloitte, el que concluye que a nuestra compañía le hacen falta mayores ingresos por US$ 34 millones anuales, y que a dicho resultado proceda a restarle el equivalente a nuestros descuentos anuales. De esta forma podrá constatarse que la incidencia de los descuentos en el déficit financiero es muy poca”, indica la carta.
También en la carta dicen que son erróneas las declaraciones que ha hecho el ministro en el Congreso, desestimándolas una a una.
Con esta misiva, Subus deja abierta la clara distancia que existe con la autoridad para llegar a un eventual acuerdo que permita al operador seguir funcionando, lo cual acerca más los plazos para recurrir a un arbitraje internacional, como el CIADI, en el cual se demande al Estado de Chile.
