Por Sandra Burgos A.
SQM tiene varios frentes abiertos… Están las platas políticas que tienen a su ex gerente general Patricio Contesse en calidad de imputado y fuera de la compañía, y a varios de sus altos ejecutivos prestando declaración ante la Fiscalía Nacional.
Por otro lado, están parte de sus directores (Wolf von Appen, Hernán Büchi y Juan Antonio Guzmán) y ex directores (Julio Ponce), enfrentados con la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), por no haber cumplido con el deber de informar a tiempo a los accionistas minoritarios los alcances de las platas irregulares entregadas a políticos. Esto último, generó que la SVS los multara, tema que hoy está en los tribunales.
Esto último los tiene enfrascados en un arbitraje mayor, en donde Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo, no tiene ninguna intención de ceder y llegar a un acuerdo de conciliación, mientras Julio Ponce se mantenga a la cabeza de SQM.
Como si fuera poco, a esta pugna se sumó en septiembre otra. La salida de Rafael Guilisasti del consejo de Corfo y su rápida incorporación como presidente de las sociedades Cascadas –controladas por Julio Ponce- que controlan SQM, abrió un nuevo frente que lo mantiene enfrentado con Eduardo Bitran.
De hecho, Bitran solicitó a la Contraloría general de la República que se pronuncie sobre la actuación de Bitran, qué tanto conocía de la estrategia y si tiene la calidad de empleado público.
Ayer T13 dio a conocer las actas del consejo asesor de Corfo, en las cuales se muestra que Guilisasti tuvo acceso a información confidencial sobre la estrategia de Corfo para enfrentar a SQM en el juicio arbitral, tema que había sido negado por el empresario.
De esta forma, Eduardo Bitran se anotó un punto en su pugna con Guilisasti, pero próximamente estaría protagonizando un nuevo embate contra la minera.
Nueva arista penal
La estrategia de Bitran en su disputa con SQM ha sido por pasos. Primero hizo referencias a los incumplimientos de SQM en el contrato, de ahí pasó a las acusaciones y puso los antecedentes con que contaba a disposición de la SVS, la SEC de Estados Unidos y las Superintendencia de Pensiones.
Pero ahora daría un paso más allá. El vicepresidente ejecutivo de Corfo y el equipo legal que lo asesora, ya habrían solicitado al Consejo de Defensa del Estado que analice la información en torno al contrato de concesión del Salar de Atacama. Específicamente respecto a los acuerdos celebrados con la japonesa Kowa, accionista de SQM y con la cual Julio Ponce tiene un acuerdo de actuación conjunta.
La Fiscalía Centro Norte ya está investigando este tema, luego de una querella presentada por el diputado radical Alberto Robles, sin embargo Corfo está analizando presentar una nueva querella por las ventas de SQM a Kowa a lo que considera que fueron hechas a precios bajo mercado.
Los antecedentes los estaría recopilando Corfo y el CDE, entidad que ya solicitó información al fiscal que lleva el caso.
La idea es presentar una nueva querella, más robusta, con más antecedentes para que la fiscalía pueda armar un buen caso.
Hasta ahora, el persecutor ha estado recopilando información, de hecho solicitó al Servicio Nacional de Aduanas que le entregara la información sobre las exportaciones de litio que se han realizado en Chile en los últimos años, así como los precios.
Nuevo arbitraje
Pero esa no es la única munición que prepara Corfo. Con SQM tiene otro contrato denominado "Contrato de proyecto", que contempla los requisitos para el desarrollo del proyecto del Salar de Atacama.
Este contrato se firmó en el año 1986 y se renovó en 1993. Se trata de un acuerdo complementario y muy similar al otro que mantiene en arbitraje con la minera no metálica.
Corfo está estudiando tomar acciones por este contrato, dado que también habría detectado que habría incumplimiento. Tal como el contrato de concesión, este contempla cláusulas de arbitraje, por lo cual en cualquier momento se solicitará que se articule.
A la espera de Contraloría
Mientras tanto Corfo espera que la Contraloría se defina sobre la presentación que hizo en septiembre. En esa oportunidad pidió al contralor que se pronuncie “en torno a si el proceder del ahora ex Consejero satisface o no los deberes de probidad administrativa establecidos en la Ley”.
La presentación de Corfo fue hecha con carácter de urgencia, pero hasta ahora no ha habido pronunciamiento. Para la entidad es clave lo que diga el contralor, dado que dependerá de eso si se lanza o no a la piscina.
Si Contraloría señala que hubo falta de probidad en el actuar de Guilisasti, Corfo tendrá un punto a favor para iniciar acciones. De hecho, se estima que podría presentar una querella por falta al derecho administrativo en su calidad de ex funcionario público.
