El gobierno entregó un nuevo balance de la implementación de la Ley de Crianza Protegida, la cual permite a los padres y madres -a través de la Ley de Protección del Empleo- suspender sus contratos de trabajo para cuidar a sus hijos.
De acuerdo a un nuevo balance entregado hoy por la Superintendencia de Pensiones, con datos actualizados al 20 de septiembre, han ingresado 4.046 solicitudes de este tipo a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), pero tal como ha sido la tónica, la entidad no ha autorizado todas las solicitudes.
Así, sólo 3.360 personas han logrado que la entidad apruebe la suspensión de su relación laboral para así poder cuidar a sus hijos; 26 personas en tanto se encuentran a la espera de la autorización y 660 solicitudes han sido rechazadas.
La Ley de Crianza Protegida permite que las madres, padres y cuidadores afiliados al Seguro de Cesantía que tengan a su cuidado personal niños nacidos a contar del 1 de enero de 2013 -y que no estén haciendo uso de un permiso postnatal parental-, cuyo colegio, jardín infantil o sala cuna donde está inscrito el menor esté cerrado temporalmente por la pandemia Covid-19, puedan acogerse a la Ley de Protección del Empleo por opción personal.
Suspensiones de contrato
Respecto al escenario global, los datos muestran que a dicha fecha 120.283 empresas han ingresado solicitudes para acogerse a la Ley de Protección del Empleo, involucrando a 862.662 trabajadores.
Sin embargo, no todas las solicitudes han sido aprobadas, ya que la AFC solo ha autorizado la suspensión de contratos de 749.747 personas. De esta última cifra, 383.698 han sido suspensiones por acto de autoridad y 397.107 por acuerdo de suspensión.
Por sector económico, Comercio concentra la mayor cantidad de suspensiones, con 173.946 trabajadores (23,2%); le sigue Construcción con 160.537 contratos en pausa (21,4%) y Alojamiento y Servicios de Comida con 121.409 suspensiones (16,2%).
Del total de empresas que han presentado solicitudes para acogerse a la Ley, el 54,7% corresponde a firmas con 9 o menos trabajadores; un 34,2% son firmas que tienen entre 10 y 49 personas; y un 2,9% corresponde a grandes empresas con más de 200 trabajadores.
Pero si la información se mira según el número de trabajadores suspendidos, la distribución es completamente distinta. De acuerdo a los datos, las firmas de 200 o más trabajadores lideran en solicitudes aceptadas, con un 30,2% del total de empleados acogidos a la Ley. Levemente más abajo están las empresas que tienen entre 0 y 9 trabajadores, con un 27,8% de los trabajadores suspendidos; las firmas que tienen entre 10 y 49 colaboradores tienen el 26,3% de los contratos en pausa; y por último las firmas medianas -aquellas que tienen entre 50 y 199 dependientes- tienen el 15,7% de las suspensiones.
Según mostró el balance de la entidad, también han ido al alza las personas que han pactado con sus empleadores reducciones de la jornada laboral.
De acuerdo al informe, la Dirección del Trabajo ha autorizado la reducción de jornada de 46.548 personas, bastante más que lo informado a fines de junio, cuando sólo se habían registrado 30.800 reducciones.
Según la información, un 73% de los pactos han sido para acordar una reducción en torno al 41%-50% de la jornada. En una medida bastante menor, el resto de los pactos registrados y autorizados por la DT han sido para reducir la jornada entre 1% y 40%.
