Laureate, el grupo internacional que entre sus propiedades incluye a las universidades Andrés Bello, De las Américas, y Viña del Mar, además del instituto AIEP y la Escuela moderna de Música, hizo noticia cuando se abrió a la Bolsa en Estados Unidos.
La polémica se desató tras conocerse las cifras del holding en Chile, que el año pasado tuvo ingresos por US$536 millones, lo que revivió la discusión acerca del lucro en la educación.
El debate se instauró con el Ministerio de Educación (Mineduc) como protagonista, luego de que su titular Adriana Delpiano, anunciara que recurriría al Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), hoy conocido como InvestChile, para solicitar la información respecto de los seis contratos que suscribió el grupo Laureate con el Estado de Chile y que supera los US$265 millones.
El requerimiento se concretó hace algunos días, de acuerdo a InvestChile, cuando se le entregó al Mineduc la información correspondiente a los documentos que permitieron el ingreso de capitales y el marco legal que ofrecía el hoy derogado Decreto Ley 600, consignó La Tercera.
Desde el organismo indicaron que “InvestChile, en su calidad de sucesor y continuador legal del CIE, ha estado colaborando con el Ministerio de Educación, en el sentido de entregar toda la información que existe en poder de este servicio, y lo seguirá haciendo en la medida en que se requiera”.
Todo esto se enmarca en la investigación que realiza el Mineduc por sospecha de lucro en contra de la Universidad Andrés bello y De las Américas.
En lo que concierne a los acuerdos suscritos por Laureate, estos fueron llevados a cabo gracias al Decreto Ley 600, que es un “mecanismo de transferencia de capitales mediante el cual el inversionista extranjero, que cumpliera con ciertos requisitos, podía acceder a ciertas garantías”, indicó Invest Chile.
Los documentos fueron obtenidos por La Tercera, a través de la Ley de Transparencia y en ellos se garantiza que Laureate cuenta con el derecho de “transferir al exterior su capital y sus utilidades líquidas”.
Pese a ello, un artículo señala que al holding “le serán aplicables la legislación y la reglamentación vigentes en lo relativo a sus actividades. La presente autorización es sin perjuicio de cualesquiera otras que, en conformidad a tales legislación y reglamentación, deban ser otorgadas por las autoridades competentes”.
Pero InvestChile precisó que los contratos que otorgó en ese entonces el CIE, hacían referencia a la transferencia de capitales extranjeros a Chile y no suponían la "autorización de un proyecto específico y determinado". Por lo que la autorización no eximía al inversionista extranjero "de cumplir con las obligaciones emanadas de la normativa sectorial aplicable en Chile a su propio proyecto de inversión y tampoco las facultades de control o fiscalización de los organismos sectoriales competentes".
El Mineduc señaló que la indagatoria a los dos planteles del holding están “en fase preliminar, por lo que no corresponde referirse a las diligencias específicas de sus respectivas tramitaciones mientras estén en desarrollo”.
