Por Carla Alonso
La intrincada historia del llamado “cartel del papel confort” recién comienza a escribirse. El caso está radicado en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, quien debe pronunciarse a pedido de la Fiscalía Nacional Económica. Pero su impacto ha traspasado los pasillos de los tribunales y hoy este nuevo caso de colusión, coprotagonizado por una empresa del grupo Matte, es mirado de cerca desde varios frentes.
1) La arista legal del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) es el encargado de pronunciarse luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentara un requerimiento en el cual acusa a CMPC Tissue y SCA (ex Pisa) de coludirse durante más de diez años para controlar cuotas de mercado y precios en el negocio del tissue. Para este caso, la FNE pide al TDLC que se imponga a la ex Pisa (hoy SCA) una multa de 20 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, unos US$ 15 millones. La multa máxima es de 30 UTA.
En general, son 21 meses en promedio, para casos de este tipo, lo que toma el tribunal en pronunciarse. En el TDLC explican que “aún existiendo la figura de la delación compensada, esto no asegura que el procedimiento vaya a ser más corto que el promedio histórico, que es un año y nueve meses, desde que ingresa el requerimiento hasta la dictación de la sentencia por parte del tribunal”.
¿El procedimiento? Lo primero es notificar a la empresas requeridas, por parte de la fiscalía; una vez notificadas, las requeridas tienen un plazo de 20 días hábiles para contestar. Cuando esto último suceda, el tribunal debe examinar si hay hechos controvertidos sobre los que se pueda rendir pruebas por las partes.
Expertos en esta materia explican que un tema controvertido podría ser la acusación de SCA sobre que CMPC la presionó para mantener la colusión… y además los beneficios obtenidos por el presunto cartel. Pero esto va a depender de lo que contesten las empresas.
De acuerdo con la ley, el TDLC no puede aplicar una multa mayor a la solicitada por el fiscal a las empresas que se acogieron al beneficio de la delación compensada, salvo que se acredite durante el proceso que CMPC fue el organizador del cartel, coaccionando a SCA a participar en él. En este caso, el TDLC podría condenar a la empresa con una multa máxima del 30 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA).
En el caso del cartel del papel confort, el fiscal nacional económico no acusó a ejecutivos, como sí lo hizo en uno de los casos contra Pullman Bus -Paul Von Breitenbach-, y en el caso de las agencias de publicidad agremiadas a la Achap, donde se sancionó a José Manuel Silva.
De acuerdo con la ley, los directores, administradores y personas que se hubieran beneficiados del cartel, e intervenido en su realización, responden solidariamente del pago de las multas que se impongan a las empresas por TDLC.
2) El rol de la Superintencia de Valores y Seguros y las AFP
La investigación del cartel podría tener diversos caminos. Uno de ellos es que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) -el organismo fiscalizador de las sociedades anónimas como CMPC y sus directorios-, inicie una investigación administrativa sobre la eventual responsabilidad del directorio en esta situación. Consultada la SVS, declinó referirse en particular aunque no descartó solicitar antecedentes a la CMPC.
El superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, fue consultado ayer sobre si el tema tiene o no algún impacto para CMPC -matriz de CMPC Tissue, una de las empresas acusadas de colusión. Y explicó ayer que esta situación podría tener un impacto en la empresa, “y en la medida que entendamos que hay impacto y que haya un tema que tenga que ver con la información, lo analizaremos”.
Sobre la figura de la delación compensada, Pavez valoró este mecanismo que también está en el proyecto de Comisión de Valores y Seguros.
Un escenario posible es que las AFP Habitat y Provida, que figuran entre los 12 mayores accionistas de CMPC, soliciten un pronunciamiento de la SVS. Pero hasta ahora ese escenario es sólo posible: Pavez aclaró que por ahora no se habían realizados consultas de los accionistas.
¿Qué herramientas pueden tener las AFP para iniciar acciones legales? La primera pregunta es saber si hay impacto para los fondos de pensiones, es decir, daño patrimonial, lo que normalmente evalúan las AFP y la Superintendencia de Pensiones. De hecho, esta última puede solicitar información sobre el tema a las administradoras de fondos, vía oficio.
Consultada la Superintendencia de Pensiones por el tema, señaló que “se está evaluando oficiar a todas las AFP para pedirles antecedentes, pero esta decisión se va a tomar el lunes, cuando contemos con más información del caso”.
Lo concreto es que en los dos días tras conocerse el requerimiento de la FNE, las acciones de Empresas CMPC cayeron 9% en dos días, pronosticándose para los próximos días una alta volatilidad de los papeles, producto del conflicto que puede originar para algunso inversionistas extranjeros el tema reputacional de estar en la propiedad de empresas con malas prácticas empresariales.
3) La vertiente penal: la denuncia criminal de los diputados Silber y Farcas
El viernes se dio un primer paso en este frente: los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD) presentaron una denuncia criminal para que se investigue la arista penal del caso, basada en los “eventuales delitos de alteración artificial de precios, para influir en la participación de las cuotas de mercado, agravado porque se trataría de un producto de primera necesidad”, cuenta el abogado Antonio Saavedra, patrocinador de la acción legal, ante la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.
La acción fue presentada contra “ejecutivos, operadores, intermediadores, gerentes y todos aquellos que resulten responsables de los hechos denunciados, según el mérito de la investigación, especialmente Hernán Rodríguez, gerente general de CMPC Tissue, y Gonzalo Díaz, gerente general de SCA”, dice el escrito.
(Es una) maquinación fraudulenta que contempló crear claves de comunicación, destruir pruebas, entre otros
En los próximos días, además, “interpondremos querellas criminales en contra de estos u otros responsables”, añade el abogado Antonio Saavedra, quien explica que la arista penal se abre cuando “dolosamente se ponen de acuerdo dos o más personas para influir con prácticas ilegales para alterar la libre distinción y circulación de bienes en el mercado, que al final trasunta en la alteración de los precios naturales, para producir ganancia, en perjuicio de los consumidores”. En este sentido, el abogado destaca la creación de una “maquinación fraudulenta que contempló crear claves de comunicación, destruir pruebas, entre otros, para ver beneficiadas las utilidades de la empresa”, detalla.
La figura está en el Código Penal, afirma, y se llama “alternación artificial de precios”.
“Hoy, con la denuncia, el ministerio público abre una carpeta investigativa y ordena las diligencias correspondientes”, sostiene Saavedra.
Esta misma figura fue la utilizada en el caso farmacias y que terminó con todos los responsables del caso liberados de la acusación. Pese a ello, el fiscal Raúl Guzmán, habría decidido igual iniciar la investigación abriendo así la arista penal.
4) La vereda gremial: comité de ética de Sofofa y ramas gremiales de la CPC
Los principales gremios empresariales salieron a condenar, con dureza, el caso de colusión del cartel del papel confort, que involucra a CMPC Tissue, ligada a CMPC, una empresa del grupo Matte.
"Lo más importante es preguntar cómo se va a reparar el daño causado a los consumidores", señaló el presidente de Sofofa, Hermann Von Mühlenbrock, luego de participar en un seminario sobre transparencia esta semana. Sofofa citó a su comité de ética -que se reunirá durante los primeros días de la próxima semana- para que haga una revisión del caso.
Alberto Salas, presidente de la CPC, aclaró que "tenemos un marco de conductas éticas y de buenas prácticas. Hay que pedir que las ramas, de las que son socios, analicen, en su mérito, los hechos". Ante la pregunta sobre si es una posibilidad excluirlos del gremio, adelantó que "es una posibilidad. Pero aquí hay que distinguir entre las empresas y las personas".
El tema toca de cerca a los gremios. Gonzalo García, secretario general de Empresas CMPC, es consejero de Sofofa para el período 2013-2017. No sólo eso. Hernán Rodríguez, gerente general de Empresas CMPC, figura en la lista de consejeros electivos entre 2015 y 2019, al igual que Bernardo Larraín Matte, gerente general de Colbún -empresa del grupo Matte-, sobrino de Eliodoro Matte.
En el caso Pollos, por ejemplo, Sofofa decidió borrar a la asociación gremial APA (Asociación Gremial de Productores Avícola), del registro de gremios asociados, luego de conocerse esta semana el fallo de la Corte Suprema.
En septiembre del año pasado, cuando se dio a conocer el fallo del TDLC que sancionó a las empresas productoras de pollo Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, además de APA, el entonces presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, dijo que “mientras no exista una sentencia definitiva, no podemos emitir una opinión concluyente”. A la vez, agregó que “sin perjuicio de lo anterior, reiteramos nuestra condena a cualquier práctica que atente contra la libre y leal competencia que debe operar en los mercados”.
Todo aquel que incumpla y atente contra la libre competencia, debe ser sancionado con el máximo rigor
En 2009, en tanto, cuando Fasa reconoció prácticas de colusión para fijar precios de más de 200 medicamentos, la CPC condenó “cualquier tipo de práctica que afecte la libre y sana competencia" y agregó que "es importante garantizar un debido proceso y evitar adelantar juicios".
"Siempre vamos a defender que en Chile funcione la libre competencia, y todo aquel que incumpla y atente contra la libre competencia, debe ser sancionado con el máximo rigor que establece la ley", indicó el presidente de Sofofa tras la absolución penal de los ejecutivos formalizados por el caso Farmacias, en junio de este año.
“El caso La Polar ha afectado a todo el empresariado”, dijo el entonces dirigente de la CPC, Lorenzo Constans, dos semanas después que el caso La Polar saliera a la luz pública, en junio de 2011.
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