“Sean solidarias como otras industrias lo han sido”. Ese es parte del mensaje que entregó la profesora de filosofía, Mónica Oyarce López, frente a prácticas que en estos momentos de crisis están concretando desde el mundo inmobiliario. “Han mandado cartas a sus clientes, exigiendo la firma de la escritura de una propiedad a fines de abril o primeros días de mayo, o de lo contrario pierden el pie dado en garantía”, dice la misiva publicada este lunes en El Mercurio, que causó impacto en varios representantes de las empresas, que reconocen que la existencia de una cláusula por desistimiento es una práctica usual en el sector y que implica cobrar multas a compradores que se arrepienten de comprar una propiedad.
En el sector se mostraron sorprendidos con la noticia, porque como explica Patricio Donoso, cabeza de la Cámara Chilena de la Construcción -la cual agrupa a constructoras que a su vez son dueñas de inmobiliarias- “no es el espíritu que reina en el sector, donde todos saben que Chile enfrenta una crisis única”, y en ese sentido comparte con la académica, de que en este momento especial hay que “ser flexibles e intentar encontrar soluciones”, satisfaciendo a compradores y vendedores.
La controversia llega en un momento crítico para el sector, que proyecta bajas importantes en la inversión de proyectos, impactos significativos en el empleo –se afectarían unos 75 mil puestos de trabajo- y una caída en la venta de inmuebles que no se veía hace 15 años. Ya la tasa de desistimiento en Santiago había aumentado entre un 10 y un 20% desde el 18 de octubre, con la crisis social, y después de marzo las cifras podrían ser incluso mayor, advierten desde el gremio.
Bancos y notarías
Lo concreto es que las inmobiliarias están mandando “cartas de recordatorio” a sus clientes para “sondear si las personas siguen con la intención de comprar un inmueble comprometido”. “Son cartas bien formales que recuerdan que hay un compromiso con la empresa para comprar una propiedad, que la entrega se producirá en un plazo especifico, de manera de asegurar que la persona va a seguir el proceso de compra o, por el contrario, si se va a abrir un periodo de negociación”, dice un agente del sector, quien asegura que “los arrepentidos” van a aumentar en estos tiempos por razones simples: hay muchos ejecutivos que han tenido que bajar sus remuneraciones, otros han perdido sus empleos, algunos se encuentran al borde de la quiebra y otros, además, han tenido que lidiar con una banca que hoy está a tope con miles de solicitudes y repactaciones de pymes y empresas, lo que obviamente hace “que los procesos bancarios no sean lo expeditos que los propios ejecutivos del sector financiero quisieran”, reconoce un funcionario de la industria bancaria.
A esto hay que agregarle un ingrediente más: que casi la mayor parte de los trámites para adquirir una propiedad requieren del servicio de notarías, las cuales hoy funcionan con mucha lentitud. “No es lo que los bancos hayan cambiado las reglas. Ellos están interesados, y hay preocupación de la industria financiera de cómo resolvemos el tema con los notarios y conservadores para que las operaciones finalicen”, explica Vicente Domínguez, cabeza de la Asociacion de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).
Las cláusulas
Los contratos entre los clientes y las más de 300 inmobiliarias que existen en Santiago contienen cláusulas de desistimiento. Un ejecutivo de una constructora asegura que esa es la fórmula que crearon en el sector para asegurar a los compradores que una casa o un departamento elegido por ellos, quede reservado y no a disposición de otras personas. En tiempos “normales” explican, efectivamente es esa normativa la que conlleva a que en muchas ocasiones, cuando alguien se arrepiente de comprar un inmueble se cobre esa multa: 10% o 20% del pie, reconocen entre las inmobiliarias.
Ahora, en el sector recalcan que en casos de que una persona demuestre que hay una razón de peso para desistirse, algunas empresas negocian con su cliente otro tipo de arreglos. Por ejemplo, que la inmobiliaria devuelva los recursos a la persona, después de vender esa propiedad a un tercero. Pero eso lo hacen solo algunas, en general las compañías más grandes y más preocupadas a cuidar su reputación. Y no siempre la devolución es íntegra.
Otro ejecutivo asegura que hay que considerar otra variable: que para los distintos proyectos inmobiliarios, los bancos llegan a prestar un máximo del 70%, y el resto lo financia cada firma, con recursos propios, pero también con el pie que entregan los clientes, por lo que no es llegar y devolver.
Ahora efectivamente no están los tiempos para presionar demasiado a los clientes, porque como dice Domínguez, ésta es una situación de fuerza mayor, y “uno esperaría que se lleguen a arreglos solidarios”. Para ambos lados. Así, de paso, instala una nueva alerta en el sector: que en las circunstancias actuales, con la paralización de obras producto de la cuarentena y debido a las limitaciones de circulación a las faenas, las compañías tampoco van a poder cumplir todos los compromisos, “por lo que se requiere buena voluntad de ambas partes”.
