Hace tres semanas Julio Ponce anunció a Raimundo Labarca, abogado defensor en la causa civil del Caso Cascadas, que pondría fin a sus servicios profesionales. Una decisión complicada y que ha tomado a todos por sorpresa, dado que es primera vez en la historia que ocurre algo así con un caso tan complejo, con tanta exposición mediática y donde los abogados tomaron posiciones tan arriesgadas en defensa de su cliente.
Explicaciones pueden haber muchas, pero todas convergen en una sola idea: que la estrategia de Julio Ponce ha cambiado y por diversos factores. Según fuentes cercanas al empresario, el trabajo iniciado por Labarca está hecho, la estrategia está fijada y el abogado que tomó el caso deberá circunscribirse a ella. A ello se sumaría que Julio Ponce habría tomado la decisión de dejar que los acontecimientos decanten, "está seguro que no pagará la multa, porque como persona natural es imposible que lo obliguen a pagar un monto tan alto", explica una fuente.
Esto habría gatillado que el empresario de un giro a su estrategia y concentre todas sus fuerzas a sacar adelante a SQM. La compañía está pasando por un momento complicado, las acciones han caído considerablemente en el último año producto de la caída del precio del potasio luego del fin del cartel internacional, lo cual ha afectado a la industria.
Ante ello, Julio Ponce estaría asumiendo un rol más activo en la gestión de la sociedad, el cual había dejado de lado estos últimos dos años, en que estuvo completamente abocado a su defensa ante la SVS. "Él se ha propuesto revertir la situación de SQM, porque la caída de sus acciones no sólo ha afectado el valor de la compañía, sino que también la posición financiera de las sociedades Cascadas, a través de la cuales Ponce controla a la minera", explican cercanos a Ponce.
Por otro lado, hay quienes especulan que en esta decisión de dar un giro a la estrategia legal también influyó el "factor Oddo". Sebastián Oddo el 30 de octubre dejó de ser socio de Vergara, Labarca y Cía. Armó su propio estudio, Oddo y Cía., manteniendo su figura de asesor del directorio de las sociedades cascadas. Este quiebre, habría gatillado los cambios en la defensa de Ponce. Además se comenta en el ambiente legal que el hallazgo de ciertas inconsistencias en actas de directorio de algunas de las sociedades cascadas -lo que abrió una nueva arista, ahora por eventual falsificación de instrumento privado-, habría generado las desavenencias entre Raimundo Labarca y Arturo Vergara con Sebastián Oddo y que finalmente desencadenó su salida.
Nuevamente el control en la mira
Las consecuencias de la caída de las acciones de SQM y del complejo escenario que está atravesando la industria del potasio y el litio, estaría preocupando a Ponce y su círculo más cercano, dado que al caer las acciones de SQM, obliga a las cascadas que tienen las acciones de SQM en prenda, por lo cual con la caída del precio de la acción debe poner más acciones en garantía.
En el caso de las Cascadas, la pérdida de valor de las acciones de SQM es algo que afecta directamente su situación financiera, ya que tanto los bonos internacionales como los créditos bancarios de Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Nitratos y Potasios, están garantizados con acciones del activo subyacente (SQM) en relaciones que van de dos veces la deuda, hasta tres veces. Ante esta situación, la caída en los precios de las acciones las obliga a colocar más papeles en prenda.
El problema es que las acciones son finitas y, por tanto, el mercado estima que de continuar cayendo los precios de SQM, con lo cual se sigue estrechando la situación financiera de las Cascadas, Ponce podría verse obligado a vender acciones de SQM, situación que podría llevarlo a perder el control.
El año pasado, el empresario pudo hacer los movimientos que requería y salvar la situación, pero hoy, con la multa encima, la disposición de la banca es otra, de ahí que su cabeza hoy esté puesta en tomar un rol más activo en la compañía y generar una estrategia que permita a SQM mejorar su desempeño bursátil.
Su nueva defensa
El caso Cascadas está lejos de llegar a su fin tanto en la arista civil como en la penal. En la primera, se prevé que la Corte Suprema en cinco años esté dictando sentencia al recurso de reclamación. Además está partiendo la demanda presentada en mayo de este año por AFP Capital en contra de Julio Ponce, Aldo Motta, Roberto Guzmán, Leonidas Vial y las sociedades controladas por dichas personas. Es precisamente en esta demanda que acaba de hacer su estreno en el caso el abogado Pedro Hernán Aguila, quien hace un par de semanas asumió la defensa de Ponce ante esta demanda y por el caso de la multa aplicada a la SVS.
Pedro Hernán Aguila es un conocido litigante de la plaza. Ex socio de Alvaro Ortúzar y de Carlos Concha, tiene cerca de 30 años de experiencia en la asesoría, representación y defensa de complejos casos jurídicos en materias civiles, comerciales, económicas y de mercados regulados. Uno de esos casos fue la defensa de Enersis en el bullado caso Chispas, en la defensa del grupo Angelini en su disputa con Carter Holt e Internacional Paper por la toma de control de Copec y asesorando a Coldelco en su disputa con AngloAmerican, entre otros casos de connotación pública.
Sin embargo, fuentes cercanas a Julio Ponce señalan que el papel que jugará Aguila será muy distinto al que jugó Labarca. "De partida, se le ha pedido que el caso tenga una baja exposición mediática, él no asumirá vocerías, sólo se dedicará de lleno a sacar la causa adelante", explican. Esto es muy distinto a lo que fue la "era Labarca", quien tuvo una apuesta arriesgada y novedosa, de bastante exposición pública.
El frente penal
Parte de la nueva estrategia de Julio Ponce también tendría explicación en lo que está pasando en la arista penal. La apuesta es que el fiscal José Morales concentrará su accionar en el denominado caso Linzor, el cual fue sancionado el pasado 30 de octubre, luego que la SVS, aplicara multas a Banchile Corredores de Bolsa; a su ex gerente de inversiones, Cristián Araya Fernández; a Linzor Asset Management –hoy CHL Asset Management Chile-, y a su representante legal, Canio Corbo Atria por operaciones realizadas en acciones SQM-A en marzo de 2011.
Asimismo, el fiscal se concentraría en la investigación por la denominada "falsificación de las actas", con lo cual el tema del esquema quedaría fuera de discusión, principalmente por no contar con pruebas que estén al nivel del estándar que exige la justicia penal, ni con los medios para probarlo.
Esto tendría en cierta forma tranquilo a Ponce, porque el eventual delito de asociación ilícita, sería casi imposible de probar. Si a eso se suma que hoy casos como la colusión de los pollos y el caso Penta se han tomado la agenda mediática y política, se quita presión al caso.
Por tanto, la arista más compleja que le va quedando es el caso de las actas. En este sentido, trascendió que en las próximas semanas la fiscalía formalizaría a quienes tendrían participación en esto.
