Por Karina Zúñiga
Propuesta para la Protección y la Reactivación. Así se titula un documento firmado por 16 economistas, de todos los sectores, que constituye la primera propuesta transversal de los expertos -en conjunto- destinada a un acuerdo que permita enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
El documento -al que accedió T13.CL- está firmado por Rafael Aldunate, Rodrigo Cerda, Vittorio Corbo, José De Gregorio, Alvaro Díaz, Sebastián Edwards, Juan Andrés Fontaine, Bettina Horst, Sebastián Izquierdo, Claudia Martínez A., Andrea Repetto, Claudia Sanhueza, Klaus Schmidt-Hebbel, Cristián Solis de Ovando, Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara. Todos, economistas convocados por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y que representan sensibilidades desde la UDI hasta el Frente Amplio.
En el documento, de 19 páginas, se propone “crear una nueva estructura legal que permita implementar, de forma transitoria y flexible, un programa fiscal adicional de hasta un máximo de 12.000 millones de dólares en los próximos 24 meses, dependiendo de los efectos económicos y sociales de la pandemia”.
“Para este propósito se crea un fondo extrapresupuestario (“fondo Covid”) desde el cual el gobierno pueda ejecutar para enfrentar los gastos de emergencia y la reactivación”, dice el documento, que agrega que “las proyecciones fiscales que se presentan a continuación suponen una utilización de 10.500 millones de dólares (de los 12.000). Este supuesto es uno de varios posibles, pero, en todo caso, el uso del fondo Covid deberá ser flexible para acomodarse a la evolución de los efectos de la pandemia en la economía. Por ejemplo, no es descartable que en un escenario de mayor complejidad sea necesario utilizar la totalidad del fondo antes de los 24 meses”.
Se insiste en que este fondo debe ser “transitorio”: “caducará a los 24 meses o antes si las condiciones macroeconómicas y sanitarias lo ameritan”.
Nuevo Ingreso Familiar de Emergencia
Entre las propuestas para la etapa de “Emergencia”, se menciona “modificar el monto del beneficio por sobre los actuales $65.000 por miembro del hogar” para el Ingreso Familiar de Emergencia.
Así, se propone “un monto de beneficio per cápita de entre $80.000 y $90.000, lo que implica que para un hogar de cuatro personas se entreguen entre $320.000 y $360.000 respectivamente”. “Para hogares de más de 4 personas, el beneficio por cada miembro adicional sea decreciente, siguiendo la estructura tal como está definida actualmente”, se agrega.
“Se considerarían los meses de junio, julio y agosto para la entrega de este Beneficio”, se lee en el informe, aunque se señala también que “durante agosto se contemplará una reducción al 80% de los montos iniciales. Con todo, debe darse la posibilidad de que la autoridad, bajo criterios sanitarios, pueda pagar un monto diferente con un máximo dado por el correspondiente a junio y julio”. “Por defecto el beneficio se termina en agosto, pudiendo ser renovado por dos meses adicionales por un monto no superior al 80% antes mencionado, nuevamente de acuerdo a la situación sanitaria del país”.
Reapertura “progresiva”
Para la etapa de lo que se define como “Reactivación”, se señala “ampliar la cobertura del programa COVID-FOGAPE eliminando el deducible de la garantía estatal del monto de los créditos garantizados, permitir que empresas con ventas superiores a UF 1 millón también accedan al programa, sujetas al mismo tope y garantías hoy aplicables a las que venden entre UF 0,6 y UF 1 millón (esto es, UF 250.000) y considerar la flexibilización del límite a la tasa de interés a cobrar al deudor”.
Además, se sostiene que “la reapertura exigirá escalonar los días y horarios de entrada a los establecimientos educacionales, comerciales y de servicios para evitar aglomeraciones en el transporte público. Estimamos que para estos efectos será necesario incorporar en nuestra legislación la posibilidad de que, excepcionalmente y mientras dure la pandemia, empleadores y empleados pacten una reorganización de trabajo en materia de jornadas, horarios y funciones, previa autorización de la Dirección del Trabajo”.
Otras medidas propuestas son:
-La aplicación de la Ley de Protección del Empleo mientras dure la pandemia, en cuanto a la reducción de la jornada de trabajo.
-Extender los subsidios a la contratación de mujeres (Bono Trabajo de la Mujer) y jóvenes (Subsidio Empleo Joven) desde el 40% al 60% de la población más vulnerable mientras dure la pandemia.
-Crear un nuevo subsidio temporal para todo trabajador contratado y también para los reincorporados por empresas acogidas a la Ley de Protección del Empleo, el cual duraría por ejemplo 6 meses.
