Antes de que se concretara el cambio de gabinete, la dupla Blumel-Briones tenían en mente contrarrestar el proyecto opositor que busca establecer un impuesto a las mayores fortunas de Chile con la postura de que las materias tributarias son facultad exclusiva del Presidente de la República, y que cualquier plan proveniente desde el Congreso sería, a todas luces, inconstitucional.
La decisión, sin embargo, fue perdiendo fuerza con el correr de los días. No sólo por el ajuste ministerial que sacó al entonces ministro del Interior, sino que principalmente por los efectos políticos que aún subsisten de la aprobación del retiro del 10% de los fondos de pensiones, donde junto con la derrota política que sufrió, la derecha ha puesto en duda de que el debate sobre la constitucionalidad de las iniciativas tenga un efecto inhibidor de las mismas.
Por lo mismo, ahora la estrategia de La Moneda es salir a comparar los números que recaudaría la moción parlamentaria que establece un impuesto a fortunas sobre los US$ 22 millones, y lo que el gobierno estima entraría a las arcas fiscales eliminando las exenciones y los regímenes especiales que existen en Chile y que generan beneficios justamente a los sectores más acomodados.
Lo primero que hizo el ministro de Hacienda Ignacio Briones, en mayo pasado, para cumplir con su promesa de meterse de lleno en esta materia, fue contratar a un equipo de 12 personas del FMI y de la OCDE, para que analicen nuestro sistema tributario y sus falencias, algo que han hecho varias veces para distintos países, y que ahora lo realizan para Chile, con su propia metodología.
La idea de Briones era que el estudio y las indicaciones sobre lo que sería más conveniente para nuestro país, proviniera de un grupo de técnicos totalmente independiente, de manera de evitar las críticas que podrían surgir desde la oposición, de que las conclusiones contengan algún tipo de sesgo o intención.
El tema hoy está en manos de expertos en distintos impuestos (a empresas, a personas, el IVA, a alcoholes y tabaco, entre otros) que en septiembre evacuarán un informe que establezca los números exactos de lo que significan estas exenciones, que al día de hoy, muchos economistas critican que sigan en vigencia.
Quien se ha encargado del tema en Chile es el economista Claudio Agostini, académico de la UAI, quien asesora al titular de Hacienda y que desde mayo pasado, se reúne virtualmente con este team extranjero, todos los días martes y jueves.
Los capítulos estratégicos
Hay 4 temas a los que el FMI y la OCDE les han puesto el ojo, y que serán parte del informe que entregarán en septiembre.
El primero es que se ha establecido que la renta presunta, orientada a la agricultura, el transporte y el mundo minero, es un régimen especial que de no existir le generaría al fisco cerca de US$ 370 millones, algo que para la mayor parte de los técnicos es urgente eliminar –a pesar del lobby de los distintos gremios y de los camioneros- porque en buena parte muchos grandes se disfrazan de chicos para adquirir el beneficio. Tanta ha sido la resistencia que pese a que en varios gobiernos se ha intentado terminar con el beneficio nunca ha sido posible.
En segundo lugar, la exención del IVA a la construcción que según datos que se manejan en Palacio representaría algo así como US$ 760 millones que se ahorran constructoras e inmobiliarias con la excusa de que es un incentivo al empleo, si bien el beneficio se creó en plena crisis del 82 para reactivar la economía. Pero hay un tema complejo: hoy el que hace el jardín o la piscina de un edificio paga 100% de IVA, mientras que las empresas constructoras tienen una rebaja del 65% de ese impuesto, algo que debería ser modificado, si bien, la presión va por la línea de que generaría desempleo.
En tercer lugar están analizando cuántos recursos se dejan de percibir con los APV, un beneficio que está orientado al 20% más rico del país, porque todos ellos estarían en manos del quintil más acaudalado, entonces obviamente es un tema que en tiempos de crisis, los expertos proponen al menos examinar.
El punto estratégico, sin embargo, es la exención que rige sobre la compra y venta de acciones, que sería lejos la que más recursos representa y cuyo beneficio solo llegaría según cálculos de expertos al 5% más rico del país, y las grandes pasadas sin tributar al 1%, lo que hace que Chile sea un bicho raro en este tema, porque en todos los demás países a los que siempre aspiramos a parecernos, las ganancias de capital sí tributan. Por ejemplo en Australia, Nueva Zelandia e incluso Irlanda.
Suma y sigue: las exenciones que apuntan a los sectores ricos, según la mirada de expertos de distintos ámbitos, partiendo por el impuesto que debiera pagar la compra y venta de acciones recaudarían mucho más que el impuesto a los super ricos que según cálculos que hace el ejecutivo genera pocos ingresos y es dificilísimo de fiscalizar, razón por la cual la mayor parte de los países que algún día lo tuvieron, terminaron por eliminarlo. Un antecedente que debiera estar sobre la mesa, ahora que a partir de hoy se comienza a discutir el impuesto a las grandes fortunas.
