El subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, ofició hoy al Consejo de Defensa del Estado para evaluar el posible perjuicio fiscal que se pudiese derivar del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de la Libre Competencia en contra de las Empresas CMPC y SCA Chile por colusión.
En el documento se solicita “evaluar el mérito de tales hechos en cuanto su posible impacto en la economía nacional u algún otro perjuicio en contra del interés fiscal que pudiese surgir del estudio solicitado”.
“Se requiere poner en conocimiento de esta Subsecretaría el resultado del análisis encomendado así como las medidas que, en su caso, correspondería adoptar”, agrega el requerimiento.
La medida se conoce en una jornada donde el Sernac anunció que impulsará una mediación colectiva, con el objetivo de lograr compensaciones a los consumidores. Esto ya que durante 10 años las dos principales empresas de productos de papel tissue, como confort, servilletas y toallas absorventes, se coordinaron para fijar cuotas de mercado y coordinar alzas en los precios. De 2000 a 2008, el alza en estos productos de primera necesidad fue de un 58%.
En la arista penal del caso, este lunes el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, nombró a Cristián Galdames, fiscal jefe de Puente Alto, para investigar la denuncia realizada por los diputados Gabriel Silver y Daniel Farcas el pasado 30 de octubre y que busca establecer responsabilidades respecto de "la posible alteración de precios en productos de papelería, realizada por las empresas CMPC y SCA (ex PISA)".
En medio de las repercusiones del caso, hoy el gobierno decidió poner suma urgencia a la discusión del proyecto que busca establecer penas de cárcel a los ejecutivos que incurran en actos de colusión. La iniciativa, además, apunta a elevar considerablemente las multas a las empresas que incurran en estas prácticas anticompetitivas.
