En los últimos dos meses, el Ejecutivo ha comprometido recursos para financiar proyectos y ayudas sociales que continuarán presionando las finanzas públicas. Sin embargo, a diferencia del año pasado, en esta oportunidad no hay claridad respecto a cuánto tiempo deberán mantenerse las transferencias.
Por ejemplo, entre marzo y abril el gobierno presentó medidas como un nuevo Bono Clase Media (costo fiscal de al menos US$ 1.000 millones), y una ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE, cuya mayor cobertura compromete fondos públicos por US$ 5.500 millones para abril, mayo y junio), a lo que se agrega la reforma previsional -aún en trámite y cuyas últimas indicaciones comprometen US$ 1.300 millones en régimen-.
Todo aquello llevó al Ministerio de Hacienda a inyectar US$ 6.000 millones adicionales al Fondo Covid para solventar nuevos apoyos. Sin embargo, el análisis del Ejecutivo es que de mantener este ritmo de ayudas más allá del primer semestre, la situación fiscal se vería más tensionada y se requerirían nuevas fuentes de recursos.
Así lo reconoció la mañana de ayer el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en conversación con Tele13 Radio: “Si seguimos con este ritmo, efectivamente vamos a tener que buscar formas adicionales de recaudación”, sinceró, asegurando que aquello provocará un déficit fiscal mayor al estimado este año.
Por lo mismo, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, instruyó a Cerda y al Comité Político iniciar una ronda de conversaciones con Chile Vamos para acordar fórmulas que permitan recaudar mayores ingresos para el Fisco pero sin generar distorsiones en la economía.
El mismo jefe del equipo económico afirmó ayer que se deben buscar impuestos lo “menos distorsionadores posible” para “no afectar la reactivación”.
Esto último a propósito de la propuesta de la oposición para aplicar un impuesto de 2,5% al patrimonio sobre US$ 22 millones de los “súper ricos”, iniciativa que se discutirá hoy en la Sala de la Cámara.
Fuentes del Ejecutivo y del Congreso explican que Cerda ya ha tomado contacto con legisladores oficialistas de las comisiones de Hacienda y Constitución de ambas cámaras para recibir propuestas que permitan engrosar las arcas públicas y, a la vez, contener el avance del tributo al patrimonio. Aquello, señalan, podría extenderse a incluir ideas de los candidatos presidenciales del sector.
Fuentes al tanto aseguran que en la cartera y en la Dirección de Presupuestos (Dipres) están modelando distintas propuestas tributarias para engrosar las arcas públicas.
Esta discusión se desarrollará en paralelo al debate que impulsará el gobierno respecto a eliminar y ajustar exenciones tributarias, cuyos números está afinando el Ministerio de Hacienda y que presentará en los próximos días. A partir de ese hito se abrirá una conversación con el oficialismo al que también se sumará la oposición para acordar la viabilidad de un proyecto de ley.
Las ideas sobre la mesa
La propuesta que Cerda mira con más interés es la presentada el lunes por los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN), Alejandro Santana (RN), Karin Luck (RN), José Miguel Castro, Luciano Cruz Coke (Evópoli) y Jorge Alessandri (UDI), que apunta a dos mecanismos de recaudación.
El primero es una ventana transitoria para gravar los dineros acumulados en el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), con tasas de entre 5% a 20%, indicación que incorpora a los Fondos de Inversión Privados (FIP), que podrán tributar por 10% o 20% dependiendo del año.
El otro ajuste presentado por los legisladores es reabrir la ventana -vigente entre 2014 y 2015- para declarar bienes o rentas que se encuentren en el extranjero a una tasa única de 8%.
Los autores de la iniciativa dicen que con ambas propuestas se podrían recaudar al menos US$ 5.258 millones en un escenario conservador y hasta US$ 20.000 millones en una proyección más optimista.
Pese a los buenos ojos con el que gobierno mira la idea, la propuesta oficialista tuvo un traspié ayer en la comisión de Constitución de la Cámara, que rechazó las indicaciones, dando visto bueno solo a los cambios acordados por la oposición. Eso sí, Fuenzalida señala que la enmienda se repondrá en el debate en la Sala hoy, buscando alcanzar un acuerdo con la oposición y el Ejecutivo.
Las exenciones sobre las que existe mayor consenso entre los técnicos
- Renta presunta
- Este mecanismo establece que contribuyentes de cierto tamaño en sectores como la minería, el transporte y la agricultura pagarán impuestos por sus ingresos presuntos, no los efectivos. La comisión de 18 economistas propuso eliminar gradualmente este régimen.
- Ganancias de capital
- El denominado "artículo 107" de la Ley de Impuesto a la Renta establece que las ganancias de capital por ventas de acciones u otros instrumentos con presencia bursátil (con alto nivel de transacciones) no pagarán impuestos. El informe OCDE-FMI solicitó mayor información para cuantificar su impacto, mientras que la comisión de 18 economistas acordó mantener la franquicia para los inversionistas institucionales, pero se dividió respecto a eliminarla para el resto o aplicar un impuesto entre 5% y 15%.
- fondos de inversión privados (fip)
- Hoy, los FIP no son contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría. La mayoría de la comisión de economistas votó por eliminar el beneficio.
- Diésel
- El informe de los economistas sugirió eliminar la devolución del impuesto específico al diésel para los transportistas, mientras que la OCDE y el FMI propusieron lo mismo e igualar el tributo al diésel con el de las gasolinas.
