Por Carlos Agurto
Este viernes a las 16:00 horas comenzará en el Ministerio de Hacienda la reunión en que el gobierno, representado por el titular de la cartera, Rodrigo Valdés; y la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, entregará su propuesta de reajuste a los trabajadores que forman parte de la Mesa del Sector Público (MSP).
Conocedores de las negociaciones que incluyen a representantes de quince organizaciones de trabajadores fiscales más la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) reconocen que la oferta del Ejecutivo consideraría un incremento nominal en torno al 3%, con una posibilidad de movilidad “bajísima”.
Si bien la cifra estaría lejos del reajuste nominal de 7,5% solicitado por los empleados fiscales para el periodo diciembre 2016-noviembre 2017, está en línea con la estimación de inflación anual para los próximos doce meses que hizo el mercado en las últimas encuestas de Expectativas Económicas (EEE) y de Operadores Financieros (EOF).
Sin embargo, si se considerara el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual acumulado en el último año (3,6%), la cifra del gobierno representaría una variación real de -0,6 puntos porcentuales, es decir, los trabajadores perderían parte de su poder adquisitivo.
El año pasado el gobierno logró que el Congreso aprobara un reajuste nominal de 4,1%, una décima porcentual mayor al 4% que consideraba el proyecto ingresado al Parlamento y que no contaba con la venia de los trabajadores. Este guarismo representó un reajuste real -es decir, considerando la variación del IPC entre noviembre de 2014 y octubre de 2015- de sólo 0,1%, el más bajo desde 2007, cuando registró un retroceso de 0,5%.
El presidente de la Confusam, Esteban Maturana, reconoció que en caso que el gobierno presente una cifra inferior a la solicitada, iniciarán movilizaciones en todo el país. "Declaramos en estado de alerta nacional a todos los funcionarios del sector público porque esta negociación será compleja y va a exigir la movilización como un componente esencial", afirmó.
En el documento presentado por la MSP al Ejecutivo, reconocen que la negociación del año pasado constituyó un complejo punto de inflexión en su relación. “La imposición, por parte del gobierno, de una Ley de Reajuste General que, de forma inédita, contó con el desacuerdo de las quince federaciones y confederaciones representativas de los y las trabajadores y trabajadoras del Estado, constituye un precedente nefasto y cuyos alcances es necesario analizar”.
Uno de los representantes de la Mesa del Sector Público que participa de las negociaciones reconoce que durante el año pasado la negociación fue una “payasada” para la cual el ministro Valdés contó con la complicidad de la propia MSP y la CUT. "Espero que ahora no nos pasen la aplanadora y se haga caja con nosotros”, reconoce.
El petitorio de los trabajadores fiscales considera, entre otros puntos, incluir un mecanismo de fijación de remuneraciones mínimas para auxiliares ($380 mil), administrativos ($420 mil), técnicos ($450 mil) y profesionales ($850 mil).
Asimismo, se incluye un ítem que busca modificaciones al sistema de pensiones que incluyan la eliminación de las AFP."Nuestra propuesta considera avanzar hacia un sistema de reparto solidario, de administración pública y sin fines de lucro", dijo Maturana.
