La decisión de Walmart de solicitar por vía judicial mayor seguridad para sus supermercados, encendió las alertas del Gobierno. Según altas fuentes de la administración Piñera, el tema preocupa al Ejecutivo, en especial al Ministerio del Interior, debido a que para algunos podría ser el inicio de una seguidilla de acciones judiciales de grandes compañías en contra del Estado y también de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), que observarán con atención cómo se resuelve este caso y si ellas tomarán la misma determinación.
El pasado 13 de noviembre, la gigante estadounidense –que en el país opera 384 locales de los formatos Lider, Express, Acuenta y Central Mayorista- presentó seis recursos de protección en contra del Estado de Chile, luego de que varios de sus supermercados fueran saqueados y otros quemados.
"Desafortunadamente, el Estado de Chile ha incumplido con su deber de garantizar el orden público y la seguridad pública interior (...) afectando las garantías constitucionales del derecho de propiedad y el derecho de ejercer libremente una actividad económica, garantías consagradas por nuestra Constitución Política de la República", dijo la empresa en los recursos presentados en las cortes de Apelaciones de Arica, Puerto Montt, Concepción, Chillán, Temuco y Valdivia. Los tres últimos ya fueron declarados admisibles e, incluso, en uno de los casos ya se ofició al Consejo de Defensa del Estado para que emita un informe acompañando todos los antecedentes que al respecto obren en su poder.
En las acciones, la compañía solicitó a la justicia la protección por parte de Carabineros de 76 supermercados: 6 en Chillán, 16 en Temuco, 29 en Concepción, 8 en Valdivia, 16 en Puerto Montt y uno en Arica. "Teniendo presente la notoriedad de la amenaza de nuevas y graves afectaciones a las garantías constitucionales, mis representadas requieren urgentemente de la necesaria presencia y acción disuasiva y protectora de las fuerzas de orden y seguridad pública, para que reestablezcan el imperio del derecho, evitando que tales hechos se repitan, intervención que resulta urgente y que solicitamos se sirva decretar por la vía de la interposición del presente recurso de protección", dijo el abogado de Walmart, Christian Fox Igualt, del estudio Tomasello & Weitz, en cada uno de las acciones judiciales.
Estado de Derecho
Ayer, y tras la publicación de Diario Financiero que dio cuenta de forma exclusiva de los recursos, la empresa emitió un comunicado: "Walmart Chile no pretende, ni ha pretendido, responsabilizar al Estado por los daños ocurridos en sus locales, sino que por el contrario los recursos tienen la finalidad de solicitar la seguridad que en razón del riesgo y peligro en cada caso fuese necesario".
La empresa dijo que ha sufrido más de 1.200 episodios de saqueos y resaqueos e incendios, los que han afectado a 128 locales, además de 34 supermercados incendiados, 17 de ellos con pérdida total. Añadió que, desde el primer día, la seguridad de sus colaboradores y clientes ha sido su prioridad. "Por tanto, como compañía debemos tomar las medidas de protección necesarias, tanto a nivel físico como jurídico para asegurar la operación de nuestros locales y no afectar el abastecimiento de bienes básicos a nuestros clientes. Por ello, Walmart Chile decidió solicitar al Estado protección, como mecanismo para cumplir con ese objetivo", sostuvo la empresa.
En paralelo, dijo que ha estado trabajando en coordinación con las autoridades. "Como compañía entendemos que para hacer frente a estos hechos se necesita aunar esfuerzos. En ese sentido, hemos estado avanzando en conjunto con las autoridades locales que han sido clave para responder a los requerimientos de los vecinos", señaló la empresa.
Frente a las acciones iniciadas por Walmart, la ministra vocera de gobierno, Karla Rubilar, señaló: "Los recursos judiciales se pueden realizar, porque para eso estamos en un Estado de Derecho".
Hasta ahora, ninguna otra compañía del rubro ha seguido la estrategia de la supermercadista estadounidense.
La decisión de Walmart fue comentario obligado en el mundo privado. La Cámara de Comercio de Santiago reaccionó ante los recursos de protección y, a través de una declaración, su presidente Peter Hill, señaló que entiende la situación planteada por Walmart que, como empresa internacional, debe responder a las directrices de su Casa Matriz y cuyas acciones legales apuntan a buscar la seguridad para su personal y sus instalaciones. "Tal como manifestó el Ministro Briones debemos dejar que las instituciones funcionen y es algo que deberá fallar nuestros tribunales", concluyó.
Antes de Walmart, otros pequeños comerciantes de Concepción iniciaron acciones judiciales para solicitar mayor seguridad. Así es como, el pasado 7 de noviembre, la justicia admitió a trámite un recurso de protección contra el Presidente Sebastián Piñera, luego que pequeños y medianos empresarios penquistas denunciaran la falta de seguridad tras la crisis social. La acción legal fue presentada por el Colegio de Abogados de esa ciudad. "La omisión del Presidente de la República en el cumplimiento del deber de conservar el orden público a través del Ministerio del Interior y Seguridad Nacional, conjugado con el no hacer de las Fuerzas de Orden y Seguridad secundado de la omisión de investigaciones serias por parte del Ministerio Público, tienen a la ciudad de Concepción sumida en el caos, poniendo en riesgo la vida y seguridad de los recurrentes y todos nuestros habitantes, situación que debe detenerse", señaló el recurso. En el documento se solicitó que el mandatario adopte "todas las medidas necesarias para reestablecer el orden interno, garantizando la paz social, la vida e integridad física y psíquica, libertad y seguridad individual y el derecho de propiedad de todos los recurrentes y, en general, de los ciudadanos con la finalidad de prevenir e impedir la amenaza a los bienes jurídicos tutelados".
