“Debí haber sido más proactivo en el directorio”, confiesa a modo de autocritica Gabriel Ruiz-Tagle, el ex dueño de la fábrica de papeles PISA -hoy SCA- la compañía que en el mercado llamaban “la papelera chica” porque llegó a ser el segundo mayor productor de papeles de uso doméstico en el país y que actualmente es investigada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por haberse coludido durante 10 años con su competidora CMPC, para controlar el mercado de los papeles higiénicos y de uso doméstico en Chile.
Ruiz-Tagle descarta haber participado o sido gestor de un acuerdo colusivo y afirma que "hay una declaración formal de la SCA, en la cual ellos sitúan el inicio de estos acuerdos en 2006. Eso está dentro del requerimiento. Ahí lo sitúan ellos, y ahí es donde el requerimiento comienza a acompañar documentos", fecha en la que él ya había vendido la mitad de la empresa.
"Es absolutamente inverosímil que yo, una persona natural, haya obligado o impuesto condiciones de colusión a una empresa 100 veces mayor que PISA. Es inverosímil y casi surrealista", asegura el empresario en entrevista con La Tercera.
Ruiz-Tagle agrega que tuvo que vender la compañía porque no tenía las espaldas para hacer frente a un competidor tan poderoso y dice que se equivocó al no haber denunciado antes las prácticas de su competidora.
"CMPC se ha caracterizado por ser un productor dominante, que habitualmente ejerce acciones de bloqueo de sus competidores como convenios de exclusividad, pagos por participaciones de mercado a los clientes, bloqueo en promociones y otras prácticas que hacían extraordinariamente difícil el crecimiento de un competidor de menor tamaño”, detalla.
Debido a estas supuestas prácticas de CMPC -la firma del grupo Matte- que el ex presidente de Colo Colo y Ministro de Deportes del gobierno de Sebastián Piñera, asegura que no le quedó otra opción que vender, en abril de 2003, el 50% de PISA a la sueca SCA.
“Yo no tenía las espaldas para hacer frente a un competidor tan poderoso como CMPC y esto tampoco es compatible con la comodidad y estabilidad de un acuerdo con la competencia”, añade. La otra mitad de la compañía la vendió a los mismos europeos en 2012. El monto total del acuerdo alcanzó unos US$ 130 millones.
Además el empresario se queja de que el ente de la competencia no presentó antecedentes económicos financieros capaces de sustentar una colusión a partir del 2000. "En mi declaración prestada ante la FNE señalaba que el requerimiento de la Fiscalía, salvo mencionar en forma genérica la existencia de estas reuniones, no aborda los antecedentes económicos y financieros del periodo 2000 al 2005, que si uno entra a analizarlos como lo hemos hecho ahora, se da cuenta que en materia de ventas, en materia de producción, de utilidades y la posterior venta de la empresa en un proyecto de crecimiento, no son compatibles con la existencia de una colusión", enfatiza.
