Por Sandra Burgos
Esta semana, el Ministerio Público citará al presidente de Enersis, Jorge Rosenblut, a declarar. Lo hará en calidad de imputado, en la arista que se abrió tras descubrir los aportes que varias empresas hicieron a la firma Asesorías y Negocios y a otras vinculadas a Giorgio Martelli y su hermano.
Tras la declaración de Giorgio Martelli, que lo sindicó como el cerebro tras Asesorías y Negocios, Rosenblut comenzó a mover los hilos para prepararse ante una situación que ya se veía venir: su declaración ante el fiscal nacional Sabas Chahuan.
Por esta razón, desde hace un par de semanas, comenzó a reunirse con quienes estarán encargados de su defensa. Se trata de la abogada Paula Vial de Vial, Vargas & Compañía, y el penalista Gabriel Zaliasnik, quien además asesora al ex ministro del interior, Rodrigo Peñailillo.
Directorio de Endesa
En tanto, ayer Endesa dio a conocer a través de un comunicado de prensa que su directorio, en reunión extraordinaria, decidió de manera unánime actualizar la política de donaciones de la empresa para prohibir "todo aporte con fines electorales y/o políticos".
En la sesión se analizó el avance del análisis en busca de boletas falsas para campañas políticas solicitado en abril. Según informó Endesa en un comunicado, el reporte reveló que de "los antecedentes revisados a la fecha, no se desprenden infracciones a la legislación societaria".
El informe, realizado por el estudio de abogados Cariola Diez Perez-Cotapos, analizó contrataciones y pago de honorarios y servicios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) y relacionadas a éstas entre los años 2012 y 2015.
La empresa cifró en $276 millones los "pagos que carecerían de respaldos suficientes para justificar el gasto", por lo que los abogados recomendaron declararlos como gasto no utilizable ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
De esta forma, en Endesa se jugaron por lo que en círculos tributaristas ya se denomina “la teoría Escobar”, es decir, optar por la sanción administrativa (pago del impuesto más la multa de 35%) por aprovechamiento indebido de “gastos rechazados”, mediante una auto-acusación ante el SII, lo que en jerga tributaria se conoce como “declaración rectificatoria”.
La sociedad en su comunicado consigno que no se encontró una infracción a ley societaria (Ley de Sociedades Anónimas N° 18.046), lo cual hasta ahora nadie la había acusado de infringir, lo cual en cierta forma fue interpretado como téngase presente ante cualquier movimiento que pueda realizar la Superintendencia de Valores y Seguros, entidad que ya hace más de una semana había solicitado a la compañía que entregara información sobre los montos encontrados.
Se omite que sí podría haber infracción a ley tributaria, pero no por parte la empresa, sino que más bien por quien “maliciosamente confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas, falsas, con o sin timbre del Servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos” en el Art. 97 N° 4 del Código Tributario.
Aún resta ver lo que sucederá en el directorio del 30 de junio, dado que se prevé que en esa oportunidad el Comité de Directorio formado por Enrique Cibié, Jorge Atton y Felipe Lamarca, entreguen su visión tras el informe que dio a conocer ayer el estudio de abogados Cariola Diez Perez-Cotapos.
