El fiscal nacional económico, Felipe Irrarrázabal, defendió el mecanismo de delación compensada para la denuncia de prácticas de colusión, como la ocurrida entre las marcas CMPC y SCA para fijar cuotas de mercado y concertar alzas de precios durante una década en productos de primera necesidad como el papel higiénico.
"La gracia de la delación compensada, que les podrá no gustar, que podrá ser no tan estética, pero la gracia de la delación compensada es que le mete un germen dentro del cartel y hace que los que supuestamente son los mejores amigos en contra de la economía de mercado terminen siendo los peores enemigos", sostuvo.
Irarrázabal asistió a la comisión de Economía del Senado, instancia que analizó mociones parlamentarias que buscan imponer penas privativas de libertad a conductas constitutivas del delito de colusión.
El fiscal nacional económico aseguró que "el proyecto del gobierno resume todos los proyectos anteriores, es muy fundacional".
"Yo soy una persona independiente, pero (el proyecto del gobierno) está en sintonía con lo último en países desarrollados. No está parchado, está todo visto de una manera completa", aseguró.
El proyecto del gobierno -que cuenta con suma urgencia- apunta a terminar con la “desproporción” que existe entre el tope de las multas fijadas en la actual normativa y los perjuicios causados. En este contexto, el proyecto del gobierno apunta a pasar a un sistema de multa fija a uno variable, que contempla dos escenarios.
1) Un límite máximo de multa del doble de la ganancia obtenida por el infractor o el doble de la pérdida causada a las víctimas.
2) Una multa de hasta un 30% del valor de las ventas, multiplicado por el número de años en que se cometió la infracción.
Por otro lado, el proyecto busca reponer las penas de cárcel a las conductas relacionadas con casos de colusión. En concreto se propone que aquellos ejecutivos que celebren, implementen o ejecuten acuerdos de colusión, así como las personas naturales que los organicen, como directivos de asociaciones o asesores, se establece una pena principal de crimen, es decir, reclusión mayor en su grado mínimo (de 5 años y un día hasta 10 años).
Junto con esto se propone la inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como de director o gerente de empresas del Estado por un plazo de cinco años.
Si bien Irarrázabal destacó el proyecto pidió a los parlamentarios considerar: ¿Puede haber una ley suficientemente disuasiva para que no existan carteles? La respuesta es no, no nos frustremos, no existe ninguna ley que va a permitir que efectivamente no existan carteles. La tasa de carteles va a existir".
"Carteles van a haber y van a haber siempre. Si se están descubriendo es porque la institucionalidad está funcionando", remarcó.
