Lo que hay que saber sobre la nueva ley de cumplimiento tributario

Qué se busca. Con esta norma, el Gobierno espera recaudar en régimen un total de US$ 4.500 millones anuales, equivalentes al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Pese a que existe una duda sobre alcanzar este monto por parte de algunos economistas. El monto recaudado está comprometido para financiar la reforma de pensiones y otros compromisos del gobierno en seguridad pública.

• Boric destacó que esta ley es “un acto de justicia con Chile y con quienes cumplen con pagar sus impuestos”. Además, aseguró que con las acciones contempladas, “el Estado tendrá mejores herramientas para combatir la evasión, sin incrementar la carga impositiva, y se incluirán medidas que permitirán emparejar la cancha para las Pymes, incentivando la formalización”.
• El ministro de Hacienda, Mario Marcel, por su parte, enfatizó que “la norma hace justicia tributaria, asegurando que cada quien pague lo que corresponde, combatiendo a quienes tienen la capacidad de eludir”.

Principales cambios introducidos por la Ley

• Aumento de la recaudación fiscal. La ley tiene como objetivo incrementar los ingresos fiscales en un 1,5% del PIB, equivalente a unos US$ 4.500 millones anuales. Estos recursos serán fundamentales para financiar la reforma de pensiones del gobierno, que representará un 1,2% del PIB, y para cubrir los compromisos en mayor inversión en seguridad pública (0,3% del PIB). Además, la aprobación de esta ley antes del ingreso de la Ley de Presupuesto permitirá considerar los mayores ingresos asociados al año 2025, que ascienden a un 0,4% del PIB, equivalentes a unos US$ 1.200 millones.
• Secreto bancario. Se establece la posibilidad de levantar el secreto bancario de forma expedita en casos de delitos tributarios, inconsistencias graves de más de 2.000 UTM en un período de 36 meses, o reincidencia en infracciones como no llevar contabilidad o no cumplir con la obligación de prestar declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). El procedimiento se reducirá a un plazo de cinco días, mejorando la eficacia de la fiscalización.
• Gobernanza del SII. La ley introduce cambios en la gobernanza del SII, con la creación de un Comité Ejecutivo compuesto por tres subdirectores y el director del servicio, y un Consejo Tributario, formado por cuatro consejeros. Este consejo será responsable de opinar sobre los planes de fiscalización y circular las consultas públicas, asegurando que no vulneren el principio de reserva legal. Estos cambios buscan mejorar la gestión del SII sin debilitar su autoridad.
• Fortalecimiento de la Norma General Antielusiva (NGA). La ley refuerza la Norma General Antielusiva (NGA), que establece claramente lo que constituye evasión, abuso y simulación. También regula la interacción de esta norma con otras leyes especiales, despejando dudas y ampliando las operaciones que pueden ser perseguidas bajo esta normativa. En términos procedimentales, se eliminan los vacíos legales que obstaculizaban al SII, como los relativos a prescripción, plazos y presentación de recursos.
• Denunciante anónimo. Se consagra la figura del denunciante anónimo, permitiendo que cualquier ciudadano que denuncie un delito tributario pueda recibir una recompensa del 10% de las multas aplicadas, siempre que el impuesto defraudado supere las 100 UTA (aproximadamente $80 millones) y exista una sentencia judicial que lo declare. Esta medida está diseñada para incentivar la denuncia de delitos tributarios de forma segura.
• Colaboración sustancial en la persecución de delitos. La ley incorpora la figura de colaboración sustancial, permitiendo que aquellos contribuyentes que colaboren con la investigación de delitos tributarios no sean perseguidos penalmente, siempre que la información aportada permita detectar otros delitos cometidos por diferentes contribuyentes. Esta herramienta hubiese facilitado la detección de casos como el fraude masivo tributario en el pasado.
• Nuevos delitos tributarios y endurecimiento de penas. Se incrementan las penas para los delitos tributarios más graves y se crean nuevos tipos penales, como la venta de facturas sin justificación o la distracción de bienes para evitar el pago de impuestos. Además, los funcionarios del SII que faciliten la comisión de estos delitos serán objeto de sanciones más severas.
• Fiscalización a grupos empresariales. La ley permite al SII fiscalizar de manera unificada a los grupos empresariales, centralizando la revisión de todas las operaciones de un grupo en un mismo equipo, lo que permitirá una mayor eficiencia y uniformidad en la fiscalización. Esta medida también puede ser solicitada por los contribuyentes que se encuentren bajo fiscalización.
• Informalidad y medidas contra la evasión. La norma establece una serie de medidas para combatir la informalidad. Se exigirá el inicio de actividades a quienes ofrezcan plataformas de pago o comercio digital, y se amplía la figura de la clausura al ámbito del comercio digital. Además, el SII podrá solicitar el comiso de bienes cuando detecte que no cumplen con las obligaciones tributarias o se comercializan de manera ilícita.
• Ventas en efectivo. La ley establece que las compras y ventas de bienes por un valor superior a 135 UF que se paguen en efectivo deberán estar respaldadas por documentos que permitan identificar al pagador. Esta medida no prohíbe el uso de efectivo, pero impone requisitos para su uso en transacciones de alto valor, con el fin de aumentar la transparencia.
• Facilidades para las Pymes. Las Pymes se verán beneficiadas por varias medidas, entre ellas la posibilidad de acceder a convenios de pago con Tesorería por un plazo de hasta 18 meses sin intereses, y con un pie del 5% de la deuda. También podrán solicitar la declaración de prescripción de deudas en sede administrativa, y se modernizan las normas para la declaración de incobrabilidad de deudas tributarias.
• Modernización del Servicio de Tesorerías y Aduanas. Las acciones de cobranza de Tesorerías se modernizan, permitiendo que se ejecuten antes y de forma más efectiva para asegurar el interés fiscal. Por otro lado, las normas de Aduanas también se actualizan, armonizando los procedimientos judiciales y administrativos para mejorar la fiscalización de mercancías y evitar congestiones en los almacenes.
• Fiscalización multijurisdiccional y modernización de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA). Se faculta al SII para realizar acciones de fiscalización en distintas jurisdicciones sin afectar los derechos de los contribuyentes. Además, se modernizan los procedimientos ante los TTA, introduciendo el expediente electrónico y la posibilidad de notificaciones por correo electrónico, entre otras mejoras.