En tiempos de crisis, las solicitudes al gobierno de ayudas monetarias se acumulan por doquier. Ahora el turno es de los agricultores, que insisten que el Ejecutivo debe congelar el cobro de las contribuciones de los predios agrícolas. Pero el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, frenó en seco dicha aspiración, poniendo en jaque el fuerte lobby que han desplegado empresarios del sector y senadores de todo el espectro político.
La ofensiva comenzó la semana pasada, cuando representantes agrícolas insistieron que era urgente suspender el reavalúo fiscal agrícola, que por ley se debe adaptar al valor comercial de las tierras cada cuatro años.
Es un tema estratégico para todos los agricultores que están bajo el sistema de renta presunta y no efectiva, porque en ese régimen no pagan impuestos por sus ingresos reales, sino que por el 10% del valor de su predio. Un régimen que, en todo caso, se estableció para aquellos cuyos ingresos no fueran superiores a las 9.500 UF anuales, y que siempre ha planteado el debate respecto a por qué las pymes agrícolas tienen ese trato en desmedro de otras pymes.
Intenso lobby
En enero pasado, según datos de Palacio, el avalúo fiscal agrícola subió en promedio 92% en el país, básicamente porque la tierra vale mucho más que hace cuatro años. Los últimos parámetros de esos avalúos se publicaron este mes, lo que gatilló un intenso lobby, establecido por distintos canales.
La semana pasada, por ejemplo, representantes del sector conversaron con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, mientras que el gremio, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) se comunicó con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en teleconferencia. En la ocasión, advirtieron que el sector no daba para más y reclamaron que estaban siendo discriminados respecto a otras industrias urbanas, porque los nuevos valores están por las nubes, y porque la industria no sólo enfrenta la pandemia, sino que también, los estragos de la crisis social y de la histórica sequía.
La solicitud de los agricultores cuenta con el apoyo de senadores de todos los colores políticos, desde Iván Moreira a Ximena Rincón, quienes la semana pasada enviaron una carta al titular de Hacienda llamando a “ayudar a los agricultores en tiempos difíciles”.
“Hay agricultores cuyos avalúos les han subido hasta 400%” explica Rincón, algo que el titular de Agricultura, Antonio Walker, está analizando “para ver si existen reales distorsiones”. El ministro asegura que está haciendo un estudio para “revisar el impacto que podría tener el reavalúo en la agricultura familiar campesina, aunque los incrementos están establecidos por ley, y la industria agrícola ha estado mucho menos afectada por la pandemia que el comercio y la construcción”.
El diputado DC Jorge Sabag asegura que el sector está demasiado golpeado. “Así como el presidente Piñera congeló los planes de salud, que se haga algo parecido con los agricultores. Estamos solicitando lo mismo: que este año se pague en base al avalúo de 2019 de manera de no impactar a un sector que ha sufrido desde la crisis social del año pasado”, indica el diputado, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, en donde el martes 21 de abril expuso el ministro de Hacienda, cerrando todas las puertas de una eventual ayuda, tras transparentar “los privilegios a los que accede el sector”.
Hacienda contrataca
Ese día, el titular de Hacienda insistió que “las contribuciones que se pagan sobre predios agrícolas no se hacen sobre el valor comercial, sino que sobre el 50% de su valor, cuando por propiedades residenciales, por ejemplo, se realizan sobre el 60%, y en sitios no edificados por un monto mayor”. O sea, que en el caso de la agricultura se paga por debajo del resto de avalúos en otros sectores.
En la exposición en el Congreso, el titular de Hacienda transparentó un ejercicio que realizó con ayuda del SII, el cual arrojó que de los 44 mil agricultores con renta presunta, un 65% de ellos va a tener que desembolsar una suma de $17 mil pesos anuales, o sea cerca de $1.500 pesos mensuales. La guinda de la torta, según la exposición del gobierno, es que el 95% de todos estos agricultores, incluso con los nuevos avalúos, queda en mejor situación que si estuvieran bajo el régimen de renta efectiva. Lo que es más importante aún, destacan en Hacienda, es que sólo el 5% de ellos queda algo peor con el reavalúo, pero todos se encuentran en el 1% de quienes tienen los más altos ingresos del país.
En esa misma línea, desde Hacienda plantean que todos quienes reclaman que sus reavaluos les subieron más de 300% o 400% y que sus ingresos les han caído dramáticamente, tienen la posibilidad de cambiarse al régimen de renta efectiva -cuyos impuestos van en relación a los ingresos-, por lo que quienes están atravesando un momento complejo real con pérdidas no tendrán que pagar nada. El gobierno, de hecho, abrió un periodo de cambio, plazo que caduca en julio próximo, para hacer más expedito el tránsito de un sistema a otro.
Además fuentes en Hacienda indican que el sector agrícola paga contribuciones, que le sirven de crédito para descontarlo del pago del impuesto a la renta, algo que no ocurre en las otras industrias.
Los datos, aseguran en el gobierno, son contundentes. Y abren en el Ejecutivo la interrogante respecto a por qué se ha configurado este llamado de auxilio, siendo que los propios agricultores han insistido que comparados con otros sectores, han sido menos dañados con la pandemia. Pero la batalla está lejos de terminarse: hoy sesiona nuevamente la comisión de Agricultura de la Cámara, donde se profundizará el conflicto, pues nuevamente contará con la presencia de Hacienda.
