Luego de que diversos alcaldes manifestaran su intención de que sus municipios desarrollaran actividades empresariales o comerciales destinadas a transportar, distribuir y comercializar gas licuado, los diputados de la bancada del Partido por la Democracia (PPD) e independientes presentaron un proyecto de ley para viabilizar esta intención, ya que su materialización requiere necesariamente contar con la autorización de una ley orgánica constitucional.
Según se indica en el documento, los diputados firmantes proponen que se autorice, mediante ley orgánica, a los municipios para que puedan participar de manera activa en esta actividad comercial. Esto, sea a través de un municipio de manera singular o mediante una asociación o agrupación de municipalidades.
Los diputados explicaron que la iniciativa busca que "se fomente la libre competencia dentro de un mercado con pocos actores, con altas sospechas de colusión y que ha experimentado un alza inusual de precios durante los últimos 12 meses, lo que ha repercutido negativamente en los bolsillos de millones de familias en nuestro país".
De esta forma, se busca "fomentar la posibilidad que el consumidor final de este servicio básico pueda acceder a él pagando un precio justo".
Este lunes, ante una consulta de las Municipalidades de Lo Prado, Conchalí y Pelarco, la Contraloría General de la República aclaró que el marco normativo vigente no contempla una autorización para que las municipalidades puedan vender gas. Este punto fue recogido en un comunicado por el líder de la bancada del PPD, Raúl Soto, quien lamentó el informe del organismo.
"Nosotros tenemos unas diferencias, al igual que los municipios con esa interpretación, pero la Contraloría es un órgano fiscalizador de todos los entes del Estado que hay que respetar, y en esa línea estamos presentando una ley de quórum calificado que faculta expresamente a los municipios de Chile para la distribución minorista, para el transporte y almacenamiento de gas licuado en nuestro país", afirmó.
A partir de allí, agregó, los municipios podrán hacer efectivo los convencios con ENAP y avanzar en la tramitación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que puedan, "ojalá en un corto plazo, entrar y ser distribuidores de galones de gas licuado en nuestro país".
El diputado Ricardo Celis sosutvo que "no es posible que los municipios tengan que asumir las tareas que el Estado debe asumir", agregando que llama la atención tanto el "silencio culposo de ENAP quienes se han hecho los lesos y no han dado ninguna solución ni respuesta categórica para los chilenos" como el gobierno del Presidente Sebastián Piñera que "nuevamente guarda silencio".