Anaheim es una próspera ciudad ubicada en las afueras de Los Ángeles, en Orange County. Famosa por el centro turístico Disneyland, sus restaurantes y hoteles, la urbe tiene una opulenta zona residencial. La riqueza de Anaheim atrajo a tres chilenos que entraron a robar a una mansión y fueron capturados por la policía.
El fiscal del condado, Todd Spitzer (ver recuadro) intentó imponer todo el peso de la ley sobre los inculpados, pero la falta de antecedentes hizo que los tres compatriotas recibieran penas leves. Y Spitzer estalló: culpó a la Visa Waiver de que los chilenos fueran a California a hacer turismo criminal.
Chile es parte del programa Visa Waiver desde 2014, el único país de Latinoamérica en estar en este selecto sistema, que permite entrar a las personas que realizan viajes de negocios o turismo por un plazo máximo de 90 días sin la necesidad de tener visado. Pero, señalan conocedores del proceso, ha posibilitado que los nacionales realicen viajes para cometer ilícitos -principalmente, robar casas- y regresen antes de ser atrapados.
Y aunque Estados Unidos ha pedido los antecedentes penales de los chilenos que viajan a este país, “tal solicitud no se ha podido concretar porque antecedentes como las condenas o si se está imputado por algún delito no están unificados, sino que es información desperdigada en diversos organismos como el Poder Judicial, el Ministerio Público, las policías y el Registro Civil”, señala el ex parlamentario Felipe Harboe.
Tanto en la Policía de Investigaciones de Chile como en el Ministerio del Interior declinaron referirse al tema.
Un asunto que complica la continuidad del programa es que los chilenos lideran, por lejos, el número de deportados desde Estados Unidos entre los países que tienen Visa Waiver (ver gráfico): los expulsados subieron en 119,4% entre 2021 y 2022, con 553 deportaciones, es decir, cuatro veces más que España, el segundo país con más expulsados. Y la mayoría de las naciones que cuentan con Waiver tiene menos de 10 deportados al año.
Salvar la Visa Waiver
La Embajada de Estados Unidos en Chile, dirigida por Bernadette Meehan, ha hecho denodados esfuerzos para subsanar este problema que puede complicar la continuidad de la Visa Waiver.
La Sección Prensa de la representación diplomática señala que la Embajada de EEUU y el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS) “han estado trabajando estrechamente con sus contrapartes del gobierno de Chile y de las agencias de aplicación de la ley para resolver los temas identificados por la delegación de alto nivel de DHS que visitó Chile en octubre de 2021”.
“Esos temas están relacionados con el mejoramiento del intercambio de información, reforzar los esfuerzos de prevención de los viajes con fines delictuales y fortalecer la cooperación entre los organismos policiales”, dicen en la embajada.
“Estamos trabajando con el gobierno de Chile para poner en marcha un sistema, muy necesario, que permita intercambiar los antecedentes penales de los ciudadanos chilenos que solicitan viajar a los Estados Unidos a través del Sistema de Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) de modo de combatir este tipo de actividad delictiva y garantizar que Chile continúe siendo miembro del Programa de Exención de Visa”, señalan. Pero no existe plazo para implementar dicho sistema.
Empresarios con fuertes vínculos con la delegación diplomática norteamericana señalan que la presión de los fiscales en EEUU puede jugar en contra. Además, las oficinas encargadas de la Visa Waiver pueden realizan revisiones cuando éstas son consideradas necesarias para asegurar que cumplan con los requisitos establecidos por el programa.
Autodenominado “campeón de la seguridad pública”, Todd Spitzer, fiscal del distrito californiano de Orange County (OC), denunció que los delincuentes de origen chileno detenidos en el condado “han planteado un desafío excepcionalmente frustrante porque el gobierno chileno se ha negado a proporcionarnos los antecedentes penales de los ciudadanos chilenos que utilizan el programa (Visa Waiver) para ingresar a Estados Unidos”.
El fiscal -un republicado de 63 años que entre 2002 y 2006 fue miembro de la Asamblea Estatal de California- insistió en que es importante contar con el prontuario de los chilenos al momento de otorgarles la visa, porque ellos “pueden ingresar a los Estados Unidos durante 90 días a la vez, un número ilimitado de veces”.
“Sin antecedentes penales, los fiscales se han visto limitados en gran medida al tratar de probar por qué estos acusados representan un mayor riesgo para la seguridad pública más allá de un solo cargo de robo”, señala la oficina del fiscal de OC.
Dicho condado acusó a 21 chilenos en 2022. Para el fiscal es frustrante porque de ellos, 14 lograron libertad condicional y otros siete salieron bajo fianza, todo por no contar con los antecedentes penales de los inculpados que le permitiría a la fiscalía norteamericana otorgarles penas más altas.
La fiscalía liderada por Todd Spitzer lleva el caso de tres chilenos atrapados irrumpiendo en una casa en Anaheim, un elegante centro turístico al sur de California. La banda está integrada por Diego Rendich Huentecol, de 29 años; Miguel Fernando Marchant Avila, de 31 años, y Manuel Venegas Burgos, de 31. Todos tienen dos cargos de delito grave de robo residencial, un cargo de posesión de herramientas para robar y un delito por resistirse al arresto.
