Hasta las 3 de la madrugada del jueves estuvo el equipo de Hacienda trabajando el plan de emergencia que horas más tarde presentó el Presidente Sebastián Piñera para enfrentar la profunda crisis que ha traído el coronavirus al país.
Fue la semana pasada que comenzó a diseñarse el programa, cuyo diagnóstico partía de un ingrediente ineludible: que durante los próximos tres meses se producirá en el país una paralización importantísima de la actividad, lo que puede generar efectos letales a las empresas, lo que redundaría en una afectación dramática del empleo.
Y eso había que palearlo. El gobierno ya había comprometido un paquete de 5 mil millones de dólares para financiar la agenda social, pero lo que está viviendo el mundo, y Chile en particular, reconocían en Palacio, requería asumir esfuerzos mayores.
Pero antes de echar mano al 2% constitucional había que definir el contenido. Hubo rondas telefónicas con economistas de todas las sensibilidades. En Palacio relatan que tomaron contacto con expresidentes del Banco Central y exministros, como Rodrigo Valdés, Andrés Velasco, Vittorio Corbo y Rodrigo Vergara, para encontrar apoyo desde distintos frentes para el plan. Paralelamente, comenzaron a socializar el tema con políticos de oposición, especialmente de las comisiones de Trabajo -algunos de quienes han salido a respaldar el paquete del gobierno- lo que en La Moneda consideran estratégico, porque las medidas tienen el foco en dar recursos a Salud, Empleo, ingresos de trabajadores, y Pymes, lo que supone un trayecto obligado por el Congreso, proceso que comenzará la próxima semana.
Ese es el recorrido del proceso de comprometer el que muchos consideran el más ambicioso paquete de rescate de la historia. USS11.750 millones, al que podrán acceder, en parte, los distintos ministerios siempre y cuando sea para atender la emergencia. Esa es la razón de por qué una buena parte de los ministros estuvieron ayer en el anuncio.
“Recursos frescos”
Entre los economistas había dudas respecto a “cuánta plata fresca” habrá disponible de manera inmediata. Se estima que del monto anunciado por el gobierno, cerca de US$ 7.000 millones serán utilizados este año. “NO son los 11 millones, pero se adelanta liquidez”, dice un economista.
Del total de este fondo de emergencia, casi US$ 1400 millones se utilizarán para reforzar el sistema de salud. Además, se pondrá énfasis en proteger los ingresos de las personas, con varias medidas. Una de las más importantes: que todos aquellos que no puedan hacer teletrabajo, se les suspende temporalmente de sus funciones, pero manteniendo el vínculo laboral, lo que les asegura a los trabajadores, al menos sus cotizaciones, y se les permite acceder a su seguro de cesantía, algo que obviamente va a requerir un proyecto de ley.
Ésta es sin duda la medida más complicada de aprobar, y la que más anticuerpos genera, porque muchos se resisten a que las empresas tomen estas determinaciones en estos momentos críticos, porque se afecta directamente al trabajador. Aunque al otro lado de la vereda, aseguran que el otro escenario sería incluso peor, porque implicaría que varias empresas no sobrevivirían, y por ende, las personas serían despedidas, y quedarían sin ningún tipo de ayuda. Para este ítem, el fisco asegura 2 mil millones de dólares para asegurar la sostenibilidad del fondo.
También hay medidas tributarias que desde el mundo pyme habían “pedido a gritos”: la suspensión de los pagos provisionales mensuales; la postergación de pago del IVA de los próximos tres meses para todas las empresas con ventas menores a 350 mil UF, posibilitándoles su pago en 6 o 12 cuotas mensuales con tasas de interés real de 0%, para lo que se inyectará liquidez a 240 mil empresas por hasta US$ 1500 millones de dólares, entre varias otras importantes medidas que van en la línea de rescatar a las empresas de menor tamaño, que ya “agonizaban” después del estallido social de octubre pasado.
