Este mediodía los dirigentes de la mesa del sector público se reunirán para definir los pasos a seguir luego que el gobierno presentara el pasado viernes una propuesta de reajuste de 2,9% nominal, muy lejos del 7,5% solicitado por los trabajadores fiscales.
Pese a que la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, afirmó una vez finalizada reunión de la semana pasada que las quince organizaciones que forman la mesa del sector público construirían una contraoferta, la que sería entregada al Ejecutivo este viernes 23 de septiembre, esta idea es resistida por algunos representantes que conforman la instancia.
“La única contrapropuesta es ir hacia el paro nacional”, afirma el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal, Esteban Maturana, ante lo que considera una verdadera declaración de guerra del gobierno hacia el movimiento sindical.
Los trabajadores del sector público salieron molestos de la última reunión encabezada por los ministros de Hacienda y Trabajo, Rodrigo Valdés y Ximena Rincón, respectivamente, conforme la propuesta del Ejecutivo corresponde en términos reales a un reajuste de -0.6% considerando la proyección de inflación del Banco Central (BC) para el presente año (3,5%).
“Efectivamente hay personas que creemos que la propuesta del gobierno ha sido insuficiente, por lo mismo no estamos en etapa de entrar a una negociación. Pero esto tenemos que consensuarlo entre organizaciones que somos diversas”, agregó el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente.
Sin embargo, al interior de la propia ANEF hay divisiones que se hicieron evidentes luego que ayer una de las directoras de la organización, Jimena Aguirre, se manifestara junto a otros trabajadores en el frontis del edificio de Hacienda en Teatinos 120 en contra de los dirigentes de la CUT que forman parte de la mesa del sector público.
"Venimos a decirle al Gobierno que se equivoca sentando a la mesa de negociación a aquellos dirigentes que han enlodado la representación de las y los trabajadores de Chile en una elección fraudulenta y que no son los dirigentes de la CUT quienes queremos que nos representen", dijo la dirigente.
Respecto de la oferta de reajuste del 2,9%, Aguirre fue enfática en señalar que se trata de una cifra insuficiente. "El ministro de Hacienda nos quiere convencer de la falacia que es imposible distribuir el crecimiento que se mantiene en cifras azules, a quienes contribuyeron a generarlo", manifestó antes de solicitar ser incluidos en las negociaciones junto a representantes de los trabajadores a honorarios y subcontratados del Estado.
La actitud asumida por Aguirre fue cuestionada por De la Puente, quien aseguró que como trabajadores del sector público deben enfrentar unidos la negociación con el gobierno. “Nosotros estamos por la unidad, porque ahí está la fuerza. Hacer divisiones dentro del movimiento significa una debilidad en nuestra negociación y afecta en forma negativa hacia los trabajadores. Estamos dando una ventaja al gobierno”, aseguró.
Oficio de la UDI
Desde el Congreso también buscan involucrarse en la negociación. Con este objetivo, el diputado UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Ernesto Silva envió un oficio en representación de su partido a la cartera dirigida por Rodrigo Valdés “para que haga entrega a la brevedad de cada uno de los antecedentes económicos, administrativos, técnicos o de cualquier otra índole que se han tenido a la vista en la mesa técnica”.
Según el parlamentario "llegó el momento que el gobierno transparente las cifras antes de la discusión presupuestaria, especialmente ante dirigentes sindicales altamente cuestionados. Por eso es la opinión pública la que debe conocer estos antecedentes antes de que se tenga la discusión"
